Más de la mitad de los imputados respiraron aliviados al escuchar que el Ministerio Público no los acusaría de ningún delito. No obstante, el Estado, que asumió la querella en el juicio por la sedición policial que derivó en los saqueos de diciembre de 2013, solicitó al tribunal que los 42 procesados recibieran penas.

Entre el 8 y el 13 de diciembre,  Tucumán fue escenario del caos debido a la huelga de los empleados policiales. Durante esos días, numerosos tucumanos salieron a saquear comercios, mientras otros levantaban barricadas y montaban guardias para proteger sus propiedades.

Los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila investigaron y acusaron a 47 personas de diversos delitos cometidos durante esos días. Después de casi 11 años, comenzó el juicio, que se caracterizó por tensiones entre las partes, los testigos y los enjuiciados.

Los auxiliares Gerardo Arch y Rafael Heredia Carreño, bajo la dirección del fiscal Daniel Marranzino, y la querella coincidieron en que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones de privación ilegítima de la libertad y de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Sólo pidieron responder por el delito de sedición agravada por ser miembros de una fuerza de seguridad y por haber utilizado armas de fuego.

El Ministerio Público acusó a 19 de los imputados, mientras que la querella, representada por Soledad Lozano y Santiago Xamena, solicitó condenas para todos. Según el viejo código procesal, si una persona no es acusada, el tribunal debe absolverla.

En el caso del ex jefe de Policía Jorge Racedo, el Ministerio Público no encontró pruebas suficientes para acusarlo de otro delito que no fuera el incumplimiento de los deberes de funcionario público. La querella, sin embargo, pidió que fuera condenado por ser copartícipe del delito de sedición policial, solicitando una pena de seis años de prisión efectiva.

Los acusadores dividieron a los sediciosos en dos grupos: los cabecillas y los participantes. El Ministerio Público identificó a cinco líderes de la protesta y pidió penas de seis años, mientras que la querella identificó a 10 líderes y solicitó penas de entre 10 y 15 años. Para los otros imputados, el Ministerio Público pidió penas de tres años de cumplimiento condicional para 14 personas y no acusó a los 22 restantes. La querella pidió penas para otros 31, con seis años para siete de ellos y tres años para los otros 24.

De los 42 procesados que esperan sentencia, 23 siguen perteneciendo a la fuerza policial porque no pueden ser desplazados hasta que la Justicia resuelva su situación. Tanto el Gobierno como el Ministerio Público solicitaron que se les impida cumplir funciones o ocupar cargos públicos, con prohibiciones que oscilan entre seis y 30 años.

Durante el juicio, que duró ocho meses, se mencionó la responsabilidad de políticos en la tragedia de Tucumán, incluyendo al ex gobernador José Jorge Alperovich y a otros funcionarios de seguridad. Las defensas podrían solicitar que se los investigue. El tribunal, integrado por Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Moralez Lezica, dará a conocer el fallo después de escuchar a los defensores y a los imputados.