Se trata del proceso por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia: allí se investiga el supuesto desmanejo de unos U$S 85 millones provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier.
La vigente Ley 14.771 de creación de YMAD ordena construir la Ciudad Universitaria de San Javier "conforme a los planos ya aprobados" con el 40% de las utilidades de la minera nacional.
Su construcción fue falsificada en documentos y el campus (diseñado por Jorge Vivanco, Horacio Caminos y Eduardo Sacriste durante el rectorado de Horacio Descole) se declaró "terminado"; así los fondos para la UNT pasaban a ser de "libre disponibilidad" del Rectorado y se reducían a la mitad, mientras que el otro 20% se distribuía desde ese momento en el sistema universitario nacional, según el artículo 18 de la citada ley, promulgada en el Boletín Oficial el 9 de enero de 1959, durante la presidencia del radical Arturo Frondizi.
Sin embargo, la Ciudad Universitaria de San Javier fue "reemplazada" por una serie de obras menores y refacciones en las Facultades de la UNT, que devinieron en una denuncia en el año 2010.
La denuncia
La investigación judicial comenzó en 2010, centrándose en los fondos provenientes de YMAD -integrado por la UNT, Minera La Alumbrera y el Gobierno de Tucumán- durante 2006 y 2009.
Según la pesquisa, se tratan de $ 340 millones (equivalentes a U$S 85,5 millones, según la cotización de hace diez años). De acuerdo a la Fiscalía Federal, hubo un perjuicio contra la UNT en la disminución del porcentaje de dinero a recibir y en la realización y refacción de obras públicas.
La denuncia original fue formulada por el arquitecto Ramón Eudal apuntando, además de Cerisola, a la vicerrectora de entonces, María Luisa Rossi de Hernández y a los integrantes de aquel Consejo Superior de la UNT. Luego se sumó la denuncia del abogado Oscar López respecto a sobreprecios en obras como la ampliación de la Facultad de Derecho, la construcción de anfiteatros de Filosofía y Letras, y la remodelación de la sede de la obra social Asunt.
Tras la investigación, el juez federal Fernando Poviña procesó a Cerisola, a Luis Sacca (ex secretario Administrativo de la UNT y ex diputado nacional por la UCR), a Olga Cudmani (ex directora de Construcciones universitarias) y a Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y contrataciones).
“Del análisis de todos los elementos de prueba incorporados a la investigación (del uso de los fondos mineros) resulta prima facie que los imputados en los respectivos ámbitos de su competencia -con capacidad de decisión- infringieron dolosamente sus deberes de garantes de la preservación del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán e irrogaron un perjuicio millonario al erario”, planteó Poviña en su requerimiento de elevación a juicio.
La causa YMAD-UNT tiene una gran repercusión por ser el primer juicio por delitos de corrupción que involucran a las máximas autoridades universitarias. Como trasfondo se encuentra la relación entre las universidades y las grandes empresas, donde el conocimiento está al servicio de las ganancias de un pequeño grupo.
A cambio de utilidades, la UNT aportó la licencia social para la explotación de recursos naturales a pesar de la oposición de las poblaciones afectadas y de la comunidad universitaria.
El lobby de la megaminería ha llevado a que la UNT guarde silencio y sea partícipe de la contaminación y el saqueo. Con matices, ese modelo trascendió la gestión de Cerisola y mantiene su continuidad.
