Con impulso del oficialismo y los bloques del exJuntos por el Cambio, arrancó este martes en la Cámara de Diputados el debate de los proyectos denominados “ficha limpia”, que buscan prohibir que personas acusadas por corrupción sean candidatas a cargos públicos.

Las iniciativas, entre las que hay de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y la CC-ARI, varían entre la instancia judicial (desde un procesamiento hasta una condena firme) y los delitos -algunos proponen que no sean sólo los que son contra la administración pública- que se incluirían para la inhabilitación.

Con invitados que hablaron todos a favor de los proyectos, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia realizaron la reunión informativa en el Salón Delia Parodi.

En el arranque, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Nicolás Mayoraz, abogó por que “podamos sacar una ley que viene reclamando la ciudadanía desde hace mucho tiempo”. “Tenemos que cumplir con la manda constitucional del artículo 36; cumplir con la eficacia que nos pide la Convención Americana contra la Corrupción; y tenemos que elevar los estándares constitucionales, legales, para elección de candidatos que ocupan cargos públicos”, sostuvo.

El santafesino explicó que se trata de definir cuál será “el estándar mínimo” exigido para ocupar un cargo público y que, mediante los distintos proyectos, “las opciones van desde un simple procesamiento hasta una condena confirmada”; al tiempo que también varían los delitos que se incluirían. Es decir, no sólo los de corrupción, sino otros como “trata de personas o delitos contra la integridad sexual”, por ejemplo.

En el arranque de las exposiciones de especialistas, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay destacó “la posibilidad” mediante esta ley “de tener funcionarios que sean decentes, honestos, lo que no es poca cosa”. “ Siempre me pareció que era realmente lamentable que personas condenadas fueran electas, asumieran y cumplieran sus mandatos”, expresó. En su breve intervención pidió que “no se pierda esta oportunidad” y consideró que aprobar una norma de este tipo es “bregar por instituciones creíbles”.

A su turno, Antonio Hernández, doctor en Derecho Constitucional, enfatizó que “Argentina es un país que tiene un problema muy serio con la corrupción y con algo todavía más grave, que es la impunidad. Una causa de corrupción dura como promedio más de 14 años, y además son muy pocos los casos en los que se llega efectivamente a una condena”.

El expositor aseguró que la propuesta de ficha limpia se enmarca en los artículos 1, 16 y 36 de la Constitución Nacional. Además, mencionó que “Santa Fe, Mendoza, Chubut y Salta han establecido este requisito”, mientras que “Brasil, Chile, Uruguay, México, Honduras y España que también tienen esta legislación”. A continuación dijo además que “en el orden municipal lo tenemos en distintos municipios” y nombró a Jesús María, Río Tercero, Almafuerte y Oncativo en la provincia de Córdoba.

En otro tramo, Hernández consideró que se deberían abarcar “todos los delitos, no solo los culposos y dolosos vinculados a la administración pública”; y que además de los cargos públicos debería “extenderse a los cargos en los sindicatos y en los colegios profesionales”.

Exsecretaria de la Cámara Nacional Electoral, Alejandra Lazzaro manifestó que “la corrupción no es exclusiva de un país o de un poder político. Siempre creemos que somos los peores y no estoy de acuerdo con eso”. “Ustedes pueden hacer las mejores de las leyes, pero sí quienes son los destinatarios, en este caso serían los dirigentes políticos, no tienen un raigambre, se involucran y creen en ese proyecto con sus conductas, eso tampoco tendría un sentido”, advirtió.

Lazzaro aclaró que con estos proyectos “no se está afectando el principio de inocencia, porque nadie dice que esa inhabilidad va a ser para siempre, es solo una medida de carácter temporal”. “Es totalmente constitucional”, afirmó.

Otro de los especialistas que habló fue el doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y relator electoral en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, José María Pérez Corti, quien señaló que establecer una prohibición en este sentido “no es un juicio definitivo sobre las calidades o cualidades de una persona, sino que es un requisito o condición más para ocupar cargos públicos”. “No se está aplicando una sanción penal, sino que se está exigiendo un requisito o condición mínima”, insistió.

Gastón Marra, profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e impulsor del proyecto de ficha limpia, celebró el comienzo del debate que, “estamos esperando hace cuatro años”. “Desde hace seis años que venimos luchando desde la sociedad civil. Soy uno de los 442 mil argentinos que firmó esta iniciativa,  la iniciativa en materia de calidad institucional más importante en la historia de Change.org”, destacó.

Además, agradeció que el presidente Javier Milei haya mencionado la propuesta durante la Asamblea Legislativa y puso como ejemplo normas que existen en las provincias, sea para cargos públicos electivos o en el Estado. En ese sentido, expresó que “en todas se habla de procesamiento como impedimento para entrar al empleo público provincial”. En el final, aclaró que “esto no es una iniciativa contra nadie, no tiene nombre y apellido, es para todos los partidos políticos”.

En el plenario también expusieron Carlos Gervasoni, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Torcuato Di Tella; María Cristina Girotti, máster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos; y Eduardo Repilloza Fernández, director general de Transparencia Electoral.