Un día después de su publicación en el Boletín Oficial, el Frente de Izquierda – Unidad presentó un proyecto de ley para anular el DNU 383/2025 por el que el Gobierno nacional creó el nuevo estatuto y facultó a la Policía Federal Argentina (PFA) de realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas.

“Como denuncian especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos, los múltiples antecedentes de detenciones y armado de causas, ya registrados durante la anterior gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri, donde a partir de mensajes publicados en las redes sociales críticos del Gobierno se detuvieron a personas y se les armaron causas por amenazas e intimidación pública, preanuncian el sentido que tiene esta decisión”, señalaron en los fundamentos.

El proyecto lleva las firmas de los diputados nacionales Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vanina Biasi y Vilma Ripoll.

Como referencia a los antecedentes mencionados, los diputados del FIT-U recordaron el caso de Nicolás Lucero, un joven de 17 años que fue imputado por “delitos de amenazas e intimidación pública” por haber escrito en Twitter un fragmento de una canción de cancha. El hecho sucedió a mediados del 2016 y la causa se inició un año más tarde, pero en 2018 fue cerrada tras probar la inocencia del adolescente.

También cuestionaron otros puntos del decreto y señalaron que “con la excusa de modernizar a una fuerza corrupta y socia del gran delito, le confieren nuevas ‘tareas’ que permiten detener a cualquier persona sin causa ni pruebas, habilitando el espionaje ilegal y la detención arbitraria, dando mayor poder represivo, extorsivo y criminal a la Policía Federal”.

Luego, aseveraron que es “aún mas grave, la habilitación a la Policía Federal para que pueda detener a cualquier persona y en cualquier lugar por el mero hecho de considerar que podría cometer algún delito en un futuro indeterminado, busca invertir el sistema penal argentino, pasando del ‘derecho penal de hecho’ al ‘delito de autor’, es decir que importa más quién es la persona detenida y no qué hizo”.

En el final del texto, los diputados de la izquierda rechazaron la idea de “modernización” utilizada por el Gobierno nacional y acusaron que se trata de “un nuevo paso en el camino de intentar construir un verdadero Estado policial, dando a esta fuerza vía libre para espiar y detener, basados simplemente en lo que ‘crean’ o ‘sospechen’ e incluso, en lo que crean o sospechen que podría llegar a hacer”.

Por su parte, el bloque de senadores Convicción Federal expresó una “profunda preocupación” a la reforma de la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina que fue implementada este miércoles por el Decreto 383/2025 y “sin el debate en el Congreso”.

A través de un comunicado, desde Convicción Federal alertaron que esta reforma “otorga nuevas facultades de detención, ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial, priorizando la ‘seguridad del Estado’ por sobre los derechos ciudadanos, pero sin modernizar realmente la fuerza: mantiene intacta su estructura operativa, posterga la transformación hacia una agencia federal de investigación y perpetúa funciones que no corresponden a una policía moderna”.

En ese sentido, consideraron que esta medida “vulnera principios constitucionales, debilita los controles democráticos, limita la capacidad del Ministerio Público Fiscal para combatir delitos complejos y abre la puerta a la criminalización de la protesta social, afectando libertades fundamentales y el equilibrio de poderes”, por lo que exigieron “la revisión inmediata de la reforma y la restitución del debate parlamentario como garantía del Estado de Derecho”.

Por último, se mostraron preocupados en “cómo seguirán estas medidas autoritarias que avasallan las garantías constitucionales con total normalidad. Asimismo, como representantes de las provincias, nos ocupa seguir de cerca el tema por la incertidumbre que nos genera y por nuestro compromiso federal con la verdadera seguridad de la ciudadanía”.

El comunicado lleva las firmas de los senadores del bloque Convicción Federal Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis) y Guillermo Andrada (Catamarca).

La reacción de la oposición era previsible. También se opuso el diputado socialista Esteban Paulón, quien alertó sobre “garantías y libertades en riesgo”. A su juicio, el decreto presidencial “representa un retroceso en materia de libertades y garantías constitucionales”, por cuanto “habilita detenciones arbitrarias y persecución al pensamiento crítico”, y llamó a derogarlo.

Desde Unión por la Patria, la diputada Mónica Litza expresó que con su reforma policial, la ministra Bullrich “se ‘olvidó’ de enviar el proyecto al Congreso, donde deberían darse este tipo de debates. Habilita el ‘Ciberpatrullaje’ de redes sociales sin autorización judicial, detenciones policiales sin control… Cada vez la democracia más débil y un Estado más autoritario”.

“Con el Congreso de la Nación permanentemente vallado y este decretazo de la ministra de Seguridad, viviremos en un virtual estado de sitio”, concluyó.

Especialista en temas de seguridad, el diputado José Glinski coincidió con la ministra de Seguridad en cuanto a la necesidad de “modernizarse” de la Policía Federal, pero rechazó la forma de hacerlo. “El problema es el cómo. Una reforma de esta magnitud no puede ser una decisión unilateral del Poder Ejecutivo”, aclaró. Sostuvo que el decreto 383/2025 publicado este martes “es básicamente una nueva ley orgánica para la Policía Federal. ¿El problema? Se hizo por decreto, evitando el debate en el Congreso y al filo del vencimiento de las facultades delegadas”.

“Lo más preocupante: le da a la PFA facultades de inteligencia criminal por fuera del Sistema Nacional de Inteligencia (Ley 25.520). Es decir, crea una agencia de espionaje sin control parlamentario”, enfatizó. Para Glinski, con este decreto, “la policía podrá hacer inteligencia sin causa judicial ni orden de un juez. Esto viola la ley actual y borra de un plumazo los controles democráticos que tanto costaron construir”.

A su vez, la diputada Margarita Stolbizer advirtió que “esto no es lo que votaron millones de argentinos”. La diputada citó el decreto que, dijo, habilita a la Policía Federal a “detener personas sin orden judicial, sólo por lo que publican, lo que visten o si participan de una manifestación”.

“Estoy segura de que es una medida que muchísima gente no está dispuesta a tolerar, incluyendo a votantes que eligieron a Milei porque estaban hartos de la corrupción de los K, pero que valoran la libertad en serio”, señaló la diputada, para quien “esto no es ni orden ni libertad, es la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás”. Y cerró: “Una República no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida porque sí, por opinar distinto”.

Por su parte, el exjuez federal Fernando Carbajal consideró que con el decreto 383/25 “el Gobierno ha establecido un virtual Estado de Sitio. Detenciones policiales sin control. Se consolida día a día el Estado autoritario”. 

“Cuanta demagogia. Lo más especializado y jerarquizado de la PFA para combatir el narcotráfico y terrorismo, es el Grupo GEOF. Se los tiene arrumbados, sin presupuesto, con dos unidades sin funcionar: un Hammer y una unidad CSK 131 blindada, que fue utilizada en el G20. 'No hay para repuestos'. Envían a esos grupos a distintos sitios del país en condiciones infrahumanas y con vehículos inutilizables. Dejen de mentir, que detrás hay gente seria que se preparo demasiado, para hacer un buen trabajo”, se quejó por su parte la diputada Mónica Frade.