A ocho meses de paralizar la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y de restringir los derechos de los pacientes, el Ministerio de Salud emitió una resolución en la que limita el acceso al uso curativo del cannabis medicinal, fijando requisitos restrictivos para médicos y cultivadores.
La Resolución 3132/2024 de la cartera que conduce el ministro Mario Russo reemplazó varios artículos de la norma que regía desde 2021 y regulaba el uso medicinal de la cannabis. Uno de los puntos más cuestionados es que a partir de ahora será un “requisito excluyente para solicitar la inscripción en el REPROCANN contar con indicación médica para uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico que se encuentre registrado en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta del Cannabis Medicinal”.
Para varias organizaciones que trabajan dentro de la actividad, esta decisión del gobierno apunta a limitar el cultivo y el consumo, ignorando los beneficios descriptos por la ciencia que genera el uso correcto de la planta. Uno de los cambios, explican, es que el cultivador solidario solo podrá proveer a 2 personas, incluyendo el propio cultivador, dejando a muchos cultivadores y usuarios en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, se imponen condiciones que entienden son arbitrarias para los médicos y limitan los tipos de cultivo asociativo dejando afuera personerías jurídicas ya aprobadas. Además se impide a personas con antecedentes penales por Ley de Drogas a integrar una ONG cannábica y se limita el espacio de cultivo interior, atentando contra el espíritu de la ley que regula el cannabis medicinal.
En cuanto a la exigencia para que solo los médicos con una formación y capacitación en Cannabis puedan -y es un requisito excluyente a partir de ahora- recetar el consumo de la planta, la queja vino desde el sector profesional, al considerar que se trata de una medida arbitraria y que no se exige iguales condiciones para recetar, por ejemplo, remedios a base de opiácios, que son altamente adictivos.
Los especialistas que se oponen a la modificación del régimen sostienen que en términos constitucionales puede afectar el principio de irretroactividad de las leyes porque el ministerio de Salud, como órgano de control y fiscalización, dará seis meses de adecuación y después podrá revocar los permisos que haya dado si no se adecúan a los requisitos. Es decir, que no solo afecta a derechos adquiridos, sino que también pretende ser aplicada de manera retroactiva.
Y en cuanto a las personas que usan cannabis se les vulneran varios derechos, sostienen, pero el aspecto más preocupante es la vulneración del derecho a la salud y las dificultades al acceso que pueden darse como consecuencia. Lo sospecha en este caso es que se reglamenta a favor de ciertos intereses económicos y que se busca redirigir los recursos hacia algunos sectores y, en consecuencia, agrandando la desigualdad en el acceso.
