El paro nacional de colectivos previsto para este martes no tuvo efectos en Tucumán, gracias a las gestiones de último momento que realizó el gobernador Osvaldo Jaldo, que permitieron que se alcance un acuerdo provisorio entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).
Luego de arduas horas de negociaciones, los empresarios atinaron a ofrecer un anticipo en concepto de futuros aumentos que fue aceptado por el gremio. Dicho ofrecimiento establece el pago de una suma de $100.000 por trabajador a cuenta de futuros aumentos salariales, que se realizaría el 20 de mayo. Es un principio de entendimiento que permite poner en suspenso las medidas de fuerza pero que no resuelve el reclamo de fondo.
El referente de AETAT, Jorge Berreta, explicó que ambos sectores hicieron un esfuerzo para cumplir con el pedido del Gobierno y evitar así que los tucumanos se queden sin transporte público. En ese sentido, agradeció el apoyo de Jaldo y destacó la actitud del titular de la UTA, César González, "que priorizó las fuentes de trabajo", las cuales, según el empresario, también estaban en riesgo.
Sobre la cuestión de fondo, Berreta señaló que de momento no existe ningún conflicto con los choferes del interior del país, ya que "los incrementos todavía no se comenzaron a discutir para el interior, lo que será materia de futuras conversaciones". En efecto, la medida convocada por la UTA se da en el marco de las paritarias para los choferes del AMBA, negociación que se encuentra empantanada desde hace semanas. Sin embargo, las delegaciones provinciales suelen adherir en estas circunstancias en solidaridad de sus pares, debido a que del resultado de esa paritaria depende habitualmente la negociación para los choferes del interior, que suelen trasladar el mismo pedido.
Al respecto, Berreta criticó el "verticalismo y centralismo" de la conducción del gremio a nivel nacional. A su entender, las decisiones se toman pensando únicamente en Buenos Aires, afectando a los vecinos del interior por una discusión que les es ajena. "Dios está en todo el mundo, pero atiende en Capital Federal", suele afirmar con frecuencia el empresario local, desde donde vienen pugnando desde hace años para que las negociaciones salariales se realicen de manera jurisdiccional, evitando afectar los servicios en otros distritos. Desde la UTA rechazan esa posibilidad por varios motivos. El principal, aseguran desde el gremio, es que no aceptarán "trabajadores de primera y de segunda". Si en cada distrito se produce una negociación diferente, no tardará en producirse un desfasaje entre los salarios de cada jurisdicción, lográndose mejores acuerdos en aquellos lugares donde el gremio tenga más poder de fuego y empeorando las condiciones en donde no se lo tenga.
Para evitar esa asimetría, el pedido suele ser unánime. Luego de acordado el salario para los choferes del principal distrito, el planteo se traslada a la mesa de negociación con la FATAP, la federación que nuclea a las cámaras empresarias de las provincias. Esa discusión aún no tiene fecha confirmada, pero se estima que podría desarrollarse en las próximas semanas, probablemente cuando los números se hayan resuelto ya en el AMBA. "Vamos a tener que esperar las paritarias para saber que podemos acordar", remarcó Berreta, quien asegura que el salario pretendido no es el que se dio a conocer en los medios. "No piden $ 1.700.000. Hay mucho sobreinformación al respecto", sentenció.
El mismo sindicato advirtió que el pedido realizado no alcanza al 40 % de incremento salarial, tal y como afirmó el Gobierno mediante un comunicado difundido este lunes, por lo que la cifra final pretendida es inferior a ese monto. Sí aclaran que no aceptarán una suba del 6 %, cifra que representaría una actualización inferior al índice inflacionario. Pero en cuanto a los montos totales, se limitan a explicitar que "queremos un salario digno, en línea con la inflación".
La última propuesta del sector empresario, que fue rechazada por el gremio, contemplaba para mayo un salario remunerativo de $1.240.000 más $50.000 no remunerativos, para junio $1.270.000 y $50.000 no remunerativos, y para julio unos $ 70.000 no remunerativos. La oferta fue considerada por los choferes como "una falta de respeto", poniendo de manifiesto que la diferencia entre dicha cifra y el salario pretendido es muy grande.
Sin embargo, y a pesar de que no hubo ningún acercamiento, la UTA decidió no profundizar las medidas, a la espera de una nueva reunión, aún sin fecha, para la que guardan cierta expectativa de recibir una mejor propuesta. Para que eso ocurra, algo debe cambiar. Y todo apunta a que sin la intervención del Gobierno eso no será posible. De la última acta de paritaria se desprende que las empresas justitican la falta de oferta "en la negativa de las autoridades de transporte de dar garantía sobre la provisión en tiempo y forma de los recursos necesarios para afrontar los mayores costos emergentes de cualquier acuerdo a que pueda arribarse". En ese sentido, sostiene que "el sector se encuentra arrastrando un situación de severo déficit de ingresos, circunstancia que ha sido reiteradamente planteada a las autoridades de todas las jurisdicciones, sin haber recibido respuesta alguna".
Desde el sindicato también señalaron este martes que la llave para destrabar el conflicto la tiene el Gobierno Nacional, a quien acusan de pretender poner límites a las paritarias. "Si pretenden mantener la tarifa más baja del país, sepan que no lo van a hacer con el salario de los trabajadores del transporte", sentenciaron en un comunicado.
Llegado el caso, también la administración que comanda Osvaldo Jaldo será importante para que avance el diálogo entre choferes y empresarios. Si bien es una discusión entre privados, contrario a lo que ocurre con la Nación, el mandatario viene mostrando mucha predisposición para influenciar de manera positiva los acuerdos entre las partes. Por un lado, cubriendo con fondos propios el vacío que dejó la eliminación de los subsidios nacionales, pero también apoyando al sector con créditos para la renovación de la flota y el aporte en concepto del boleto estudiantil y el boleto para los jubilados.
Sin embargo, entre el AMBA y Tucumán hay un abismo de distancia. Los fondos con los que dispone el Gobierno de Milei para contener el precio del boleto son sustancialmente superiores. Aún si decidiera no incrementarlos -los viene reduciendo desde el inicio de su gestión-, bien podría impulsar una suba del boleto que permita a las empresas contar con ingresos suficientes para cubrir los aumentos, incluso manteniendo la tarifa como la más baja del país. En nuestra provincia esa posibilidad está casi vetada. En un contexto de reducción significativa del corte de boleto, castigar el bolsillo de los usuarios podría ser contraproducente. Además de que los gobiernos, tanto Municipal como provincial, tendrían que cargar con el costo político en un año electoral. Y para aumentar los subsidios, las capacidades financieras del Estado tampoco atraviesan el mejor momento, debido a los recortes que viene sufriendo en materia de transferencias desde Nación y a la caída en la recaudación por el parate de la actividad económica. Es la teoría de la sábana corta. En cualquier caso, será una decisión difícil de adoptar llegado el momento.
