Envalentonado por la buena elección en CABA, el presidente Javier Milei finalmente se animó a tomar una decisión que venía anunciando desde el inicio de su gestión: puso fin a la paritaria federal docente, tal y como se la conocía. Si bien las reuniones que se venían desarrollando eran un monólogo del oficialismo, puesto que no se aceptaba ningún planteo de los gremios y las decisiones se adoptaban de manera unilateral, hasta este miércoles el Gobierno no se había atrevido a poner fin a la discusión paritaria.

A través del Decreto 341/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que a partir de ahora será el Consejo Federal de Educación el organismo encargado de discutir con los gremios docentes de representación nacional las condiciones laborales, el salario mínimo y el calendario educativo. De esta manera, la Secretaría de Educación queda fuera de la mesa de negociación directa, aunque conservará un rol de revisión presupuestaria.

La medida adoptada por Milei y compañía modifica radicalmente la ley de financiamiento docente (N° 26.075) vigente desde el año 2006. La redacción original de esa normativa establecía en su artículo 10 que "el Ministerio de Educación (hoy secretaría) juntamente con el Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente".

El Ejecutivo justificó la decisión en el proceso de descentralización educativa que transfirió los servicios educativos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Son dichas jurisdicciones las que resultan empleadoras de los docentes de sus sistemas educativos, por lo que corresponde que sean estas las que participen de las negociaciones”, señala el decreto. Y aunque la Secretaría de Educación —dependiente del Ministerio de Capital Humano— ya no participará activamente en la discusión, sí podrá intervenir si la propuesta salarial acordada excede los límites presupuestarios establecidos por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

El mensaje es claro y confirma el desinterés del Gobierno Nacional por el sistema educativo. Si bien "habilita" la discusión entre los gremios y las provincias, los acuerdos alcanzados entre ellos no podrán impactar en los objetivos fiscales. Se trata de la formalización de aquello que ya venía ocurriendo desde diciembre del 2023 con la paritaria federal. Desde aquel momento las discusiones que se daban en su seno eran meramente protocolares, no había diálogo ni intenciones de negociación por parte del Poder Ejecutivo. Es por eso que, por ejemplo, el Salario Mínimo Nacional siempre se fijó de manera unilateral por debajo del percibido por los docentes en la peor de las provincias, para así evitar desembolsar fondos para compensar desfasajes salariales entre los diferentes distritos.

La iniciativa es una versión 2.0 de la decisión adoptada en 2018 por Mauricio Macri, cuando se introdujeron, también por decreto, importantes modificaciones al esquema de la paritaria nacional docente, para intentar vaciarla de contenido y hacer que pierda fuerza. Se hizo mediante el Decreto 52/2018 de enero de ese año, que modificó un decreto anterior, el 457/2007 firmado por Néstor Kirchner, mediante el cual se dejó la cuestión del salario fuera de la negociación nacional, además de modificar la representación sindical para quitarle peso a CTERA, la central que nuclea a la mayor cantidad de docentes en el país.

Desde ese momento, la paritaria nacional dejo de fijar el piso salarial docente en todo el país, y pasó a quedar determinado de manera automática, no pudieron ser inferior a, como mínimo, un 20% mayor al salario mínimo, vital y móvil vigente. El decreto congeló la negociación salarial en la paritaria nacional, y si bien no la hizo desaparecer, modificó el espíritu que le dio origen, violando una máxima fundamental de la Constitución Nacional que impide al PE modificar el sentido de una norma o de un derecho constitucional a partir de su reglamentación.

La medida fue duramente rechazada por los gremios docentes, desde donde se opusieron a reunirse con el gobierno si tenían vetada la posibilidad de hablar de salarios, lo que dio inicio a un período de elevada conflictividad que no se resolvió sino hasta el cambio de gestión en 2019. De hecho, la paritaria federal quedó suspendida hasta el final del mandato de Mauricio Macri y recién se reinició durante la presidencia de Alberto Fernández.

Desde el principio, Milei dejó en claro que no tiene intenciones de transferir fondos para educación a las provincias y que no discutirá sobre salarios porque “los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”. De hecho, la decisión adoptada por el decreto 341/25 es coincidente con las modificaciones que pretendía el Gobierno a partir del proyecto original de la Ley de Bases. Aquel proyecto caído establecía en su artículo 552 que "cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires definirán o acordarán según corresponda las condiciones laborales, el calendario escolar, la escala salarial y la carrera docente". Y en el artículo precedente, el 551, fijaba como autoridad de aplicación de la paritaria federal al Consejo Federal de Educación, en consulta con el Ministerio de Economía Nacional.

La falta de un salario inicial negociado a nivel nacional anula la función redistributiva que tenían las paritarias nacionales, que elevaban el mínimo salarial de forma tal de intentar compensar las desigualdades que existen desde la transferencia de la educación a las provincias en la década del 90. Dicho instrumento se creó en función de la obligación constitucional de garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y equidad.

Desde CTERA ya advirtieron que no cederán en su reclamo por la derogación del mentado decreto. Por su parte, el Gobierno ya demostró que no tiene vocación de diálogo y buscará sostener, por la fuerza si es necesario, las reformas impulsadas de manera inconsulta y unilateralmente. Es en este punto donde entra en juego otro DNU oficializado este miércoles, el 340/2025, que categoriza a la educación como servicio esencial, fijando que los docentes estarán obligados a garantizar una prestación de servicios mínimos del 75% de la prestación normal, anulando casi por completo el derecho a huelga de los educadores.

Por estas horas, la CTERA, junto con los demás sindicatos enrolados en la CGT, debaten que medidas adoptar para resistir la avanzada antisindical del Gobierno de Milei. "Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la paritaria nacional docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro sistema educativo", consideró la confederación que nuclea a los principales gremios docentes de todo el país.