La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ordenó suspender por 90 días a la jueza Julieta Makintach por mantener una "conducta alejada de la sobriedad" por protagonizar un presunto documental basado en el juicio oral llevado adelante en el Tribunal N°3 de San Isidro por la muerte de Diego Armando Maradona. La magistrada fue recusada y enfrenta denuncias en el Consejo de la Magistratura.

De acuerdo a la resolución 1376/25 a la que accedió Ámbito, el máximo tribunal bonaerense dispuso "el otorgamiento de una licencia por el término de noventa (90) días a partir del día de la fecha a la doctora Julieta Makintach" y ordenó remitir al Procurador General lo actuado para que evalúe el accionar de la magistrada, en el marco de las acusaciones que recaen sobre sobre su persona.

La decisión se tomó luego de analizar la información recabada sobre los últimos hechos que involucran a la jueza en relación a la producción de un documental denominado "Justicia Divina" que la tenía como principal protagonista en el marco del juicio que llevaba adelante sobre la muerte de Diego Armando Maradona.

En el escrito, la Corte provincial advierte la presencia de "características inusitadas" en "la participación que habría tenido la magistrada en un film o video, supuestamente documental, referido al proceso penal correspondiente a la causa Nº 5628", en la cual se juzga la responsabilidad de Ricardo Omar Almiron, Mariano Ariel Perroni, Nancy Forlini, Carlos Ángel Díaz, Agustina Cosachov, Leopoldo Luque, Gisela Dahiana Madrid y Pablo Pedro Dispagna sobre la muerte del exfutbolista.

"De dicho examen liminar se desprende una intervención de la mencionada que evidencia, prima facie, y cuanto menos, una conducta alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor de este poder del Estado. Así enfocado, semejante obrar, inconciliable con el decoro y la prudencia que impone apego a la juridicidad, contrastaría abiertamente con el desempeño responsable de la jurisdicción", señala la resolución.

En paralelo a la resolución de la Corte, Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, informó a la agencia NA que también se tramitan denuncias en el Consejo de Magistratura para llevar adelante un jury de enjuiciamiento. Según explicó el letrado, el máximo tribunal provincial había enviado un veedor al juzgado de San Isidro luego del primer pedido de recusación planteado por Julio Rivas, uno de los defensores del neurocirujano Leopoldo Luque.

Actualmente, la titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro acumula tres pedidos de juicio político, siendo una de las denuncias la presentada por los diputados provinciales de La Libertad Avanza Agustín Romo, Fernanda Campognoni y Florencia Retamozo.

Otro de los pedidos fue hecho por el ex jefe de custodia de Maradona, Julio César Coria, quien estuvo detenido por presunto falso testimonio durante el juicio, quien presentó la queja bajo la representación legal del abogado Gastón Marano

Por último, la tercera denuncia fue realizada por el titular de la ONG Fundación por la paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez.

El próximo jueves, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, actuales responsables del juicio, deberán anunciar si el proceso continúa o si efectivamente queda anulado tras la difusión del material audiovisual.

La producción del documental, que aún no se estrenó por completo, generó fuertes reacciones dentro y fuera del ámbito judicial. Su costo, sumado a la participación activa de una jueza en funciones como protagonista y las filmaciones del juicio sin autorización, profundizó las lógicas críticas que culminaron en una suspensión parcial del juicio.

Con la causa judicial tambaleando y el gasto de más de $5.500.000 en juego, el futuro del juicio por la muerte de Diego Maradona se mantiene en vilo, atravesado por un conflicto inédito en la historia reciente de la Justicia argentina.