Diez ciudadanos/as venezolanos/as, una colombiana y un argentino fueron detenidos ayer en una serie de allanamientos realizados en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Corrientes, por sus presuntos vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua y como acusados de los delitos de financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos, en el marco de una investigación llevada adelante desde 2023 por los titulares de la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, Flavio Adrián Ferrini; de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich; y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco.

Las doce detenciones -siete hombres y cinco mujeres- fueron concretadas por personal del Departamento Investigaciones Antimafia de la Policía Federal (PFA), en trece allanamientos pedidos por los fiscales y dispuestos por el Juzgado Federal N°1 de Corrientes, subrogado por el juez federal Gustavo Del Corazón Fresneda.

Nueve de esos procedimientos fueron realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; uno en un country de la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza; otro en la ciudad de La Plata; uno en localidad platense de Gonnet y el último en un campo ubicado a unos 30 kilómetros de la capital de Corrientes.

En los procedimientos se secuestraron vehículos, dinero en efectivo y documentación de interés para la causa. Todos los acusados conforman el entorno familiar del también venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi” -vinculada al Tren de Aragua-, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por el Departamento Interpol de la Policía Federal (PFA) en la ruta N°43 de la provincia de Corrientes.

“Yiyi” Boscán Bracho había ingresado al país cuatro años antes con una identidad falsa y vivía en un country de la ciudad de Corrientes. Actualmente está detenido bajo el régimen de presos de “alto perfil” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza y su celda fue requisada en el marco de los procedimientos de ayer.

Allí, fue notificado de que también quedaba detenido e imputado también en el marco de esta nueva investigación, como el décimo tercer acusado.

El venezolano tiene un pedido de extradición de la justicia de su país por los delitos de “extorsión y asociación para delinquir, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles, terrorismo, tráfico de armas y municiones y obstrucción de la libertad de comercios”.

La investigación preliminar A partir de su detención, la Fiscalía Federal N°1 de Corrientes, la UFECO y la PROCELAC iniciaron en octubre de 2023 una investigación preliminar para determinar si Boscán Bracho había replicado en el territorio nacional alguno de los delitos por los que lo buscaban y/o si cometió nuevos, como el lavado de dinero.

Tras la realización de diversas medidas de investigación, tales como la intervención de líneas telefónicas y el levantamiento del secreto bancario, sumada a la labor investigativa del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA, los fiscales identificaron a las 12 personas detenidas ayer y les atribuyeron maniobras vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

“El entramado bajo investigación excede ampliamente un esquema individual de ocultamiento de activos. En efecto, las maniobras detectadas reflejan la existencia de una organización criminal transnacional estructurada, con división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio de disimulación y circulación de fondos, que funcionaría de forma estable en territorio argentino, liderada por el referido Boscán Bracho”, sostuvieron los fiscales Ferrini, Marquevich y Velasco, en el dictamen donde pidieron las detenciones y allanamientos.

Los representantes del MPF indicaron que “si bien muchos de ellos presentan vínculos personales o familiares con Boscán Bracho, lo relevante es que todos conforman, en definitiva, una estructura organizada con fines delictivos”.

Según la investigación, los imputados arribaron al territorio nacional con posterioridad a la llegada de “Yiyi” en pequeños grupos y de manera escalonada.

A su vez, los fiscales indicaron que la organización poseía “en suelo argentino dos ramificaciones bien definidas, aunque vinculadas entre sí”, una liderada por uno de sus primos y la otra por su pareja. Además, revelaron que “la detención de Guillermo Rafael Boscán Bracho no representó un obstáculo para que continuara liderando su organización tanto en Argentina como en Venezuela.

El nombrado tenía los recursos tanto logísticos como intelectuales necesarios para conducir las operaciones de la comunidad criminal a distancia”, y en relación a ellos, agregaron: “Aun desde su lugar de detención, continuaba impartiendo órdenes y directivas para el funcionamiento del grupo”.

Asimismo, cabe mencionar que la organización “Tren de Aragua” fue inscripta en febrero pasado en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) a través de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional.

Las conductas delictivas atribuidas

Los fiscales señalaron que “la organización criminal investigada se caracteriza por contar con un importante grado de planificación y logística, lo que permitió a sus integrantes asentarse en el país en un lapso de tiempo relativamente breve. A ello debe añadirse la significativa capacidad económica demostrada por varios de sus miembros, quienes efectuaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de considerable valor, pese a no registrar actividad laboral formal ni declarar ingresos compatibles con ese tipo de operaciones patrimoniales”.

Asimismo, descubrieron que el grupo adquirió campos, varias propiedades -algunas de ellas en countries-, y hasta locales comerciales como un centro de estética de uñas en la ciudad de La Plata, pese a que no registraban actividad laboral formal ni ingresos declarados compatibles con ese tipo de operaciones patrimoniales.

También detectaron “un patrón consistente en el envío sistemático de transferencias entre miembros del grupo familiar, sin que se identifique una causa económica lícita que las justifique. Este mecanismo resulta compatible con prácticas propias de la fase de estratificación del proceso de lavado de activos”.

Uno de los puntos allanados en Capital Federal fue un local de “Western Union” ubicado en el barrio porteño de Colegiales , donde se identificó un circuito paralelo de transferencias operado bajo el nombre comercial “Giro Activo” que empleaban miembros de la organización para enviar y recibir fondos desde Venezuela hacia Argentina y viceversa.

En el dictamen, los fiscales indicaron que, de acuerdo con el análisis patrimonial y financiero realizado en torno a estas transferencias, “se ha podido identificar un conjunto de operaciones bancarias, virtuales y en efectivo que permiten estimar un total operado no inferior a $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos argentinos)”.

Financiación al terrorismo

Ferrini, Marquevich y Velasco también acusan a los imputados de financiar desde Argentina actividades de la agrupación terrorista Tren de Aragua. “La plataforma de lavado de activos descripta concurre realmente con un esquema organizado para la recolección y provisión de fondos destinados al financiamiento de una organización criminal transnacional, cuyo objetivo fundamental consiste en ejecutar actos destinados a atemorizar y extorsionar a la población civil, generando condiciones de control territorial violento”, indicaron en el dictamen.

Sobre este punto, agregaron que “las maniobras desplegadas por Boscán Bracho y su círculo más cercano en Argentina -incluyendo radicación territorial bajo identidad falsa, administración de volúmenes significativos de dinero sin justificación lícita, triangulación mediante testaferros, estructuras jurídicas opacas y mecanismos sostenidos de retroalimentación económica- evidencian una estrategia de financiamiento y sostenimiento económico de dicha organización criminal transnacional con vocación de permanencia y expansión territorial en América del Sur, particularmente hacia países como Chile y Argentina”.

Medidas cautelares Los fiscales solicitaron además que “el embargo preventivo con fines de decomiso” de cinco automóviles y tres propiedades de los acusados.

También plantearon la inhibición general de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias y virtuales de los 13 imputados. En su resolución, el juez Fresneda ordenó que se forme una incidencia por separado para resolver sobre estas medidas cautelares planteadas por el MPF./fiscales.gob.ar