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Milei vetará la ley de reforma previsional si es aprobada en el Congreso

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Diputados intentará esta semana aprobar un incremento de las jubilaciones y la declaración de la Emergencia en Discapacidad. En el Gobierno estiman en US$12.000 millones el costo fiscal de la medida.
Mientras la oposición intenta reunir el quórum para la sesión prevista para este miércoles en Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el presidente Javier Milei firmará un nuevo veto en caso de que los legisladores aprueben dos proyectos de recomposición de las pensiones por discapacidad y las jubilaciones.

En diálogo con Radio Rivadavia, Francos afirmó que "no están los recursos" para instrumentar una suba de haberes.

"No es prever sólo un aumento de partidas, es ver de dónde salen los recursos para generar ese incremento. Sostenemos, como desde el prinicipio, que no existen recursos, en particular en el sistema previsional, donde hay una trabajador y medio activo por cada beneficiario. Por más que intentner poner un aumento de partidas, si no están los recursos, de ninguna manera va a poder aprobarse una ley de esas caracteriísitcas. Y si lo hacen, el Ejecutivo la va a vetar", sostuvo esta mañana el funcionario.

"No hay magia posible, si no están los recursos, no se pueden establecer los gastos", siguió, en esa línea, el ministro coordinador.

La sesión prevista para este miércoles en la Cámara baja contiene proyectos sensibles para la política libertaria. En el temario, figura, por un lado, una iniciativa para declarar la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027; por el otro, un proyecto que establece un aumento del 7,2% de las jubilaciones y una actualización del bono, que hace más de un año se encuentra congelado en $70.000.

"Se esconden una vez más detrás de causas nobles con el solo fin de INTENTAR ROMPER EL EQUILIBRIO FISCAL que tanto nos costó conseguir", arremetió contra los bloques opositores el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a través de un posteo en X. Según los cálculos que hacen en el oficialismo, la medida tendría un costo fiscal de 12.000 millones de dólares.