La puesta en marcha del Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos fue el tema sobresaliente en la agenda del Gobierno Nacional en las últimas semanas. En este marco, sus ministros concretaron reuniones con gobernadores y funcionarios de casi todas las provincias y CABA, con el objetivo de conseguir el respaldo de los mandatarios a los cambios que impulsan desde Casa Rosada.
Si bien algunas de las administraciones provinciales adelantaron su adhesión al cambio de régimen de información tributaria, otras, como el caso de Buenos Aires, mantienen distancia y ponen en duda la legitimidad de la iniciativa.
La misma postura comparten algunos especialistas que entienden que las medidas impulsadas por ARCA y el Ministerio de Economía rozan la ilegalidad y podrían poner a la Argentina en una situación complicada ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
"El Gobierno apuesta fuerte en contra de la integridad moral de la Argentina. Apuesta al lavado de activos. Con el decreto 352/25, se elimina la posiblidad de conocer el origen de los fondos. Ya no se busca saber quienes hicieron la operación y de donde sacaron los fondos, y todo esto opaca la información y anula la posibilidad de control", señaló el economista Horacio Ravelli, uno de los más críticos de la gestión libertaria.
Según el especialista, el presidente Javier Milei invierte la lógica que rige el sistema tributario argentino, donde se prevén distintas presunciones legales sobre el incremento patrimonial no justificado. Es decir, el principio de inocencia no rige para el derecho tributario, sino que es al revés. "Vos tenes que demostrar tu inocencia", agregó.
En consecuencia, el marco normativo vigente podría poner en jaque el éxito del plan con el que se busca que los argentinos movilicen el consumo a partir de la utilización de sus ahorros, que desde Casa Rosada estiman que rondan los 200.000 millones de dólares.
Por tal motivo, la segunda parte del plan, quizás la más importante, es reformar el derecho penal tributario (se anticiparon cambios a la Ley Penal Tributaria y a la Ley de Procedimiento Tributario) para proteger ante la Justicia argentina a los "ahorristas", con el objetivo de que no puedan ser perseguidos por los fondos que evitaron declarar ante el fisco.
Ravelli considera que sin estas reformas el plan no solamente caerá en saco roto, sino que podría redundar en un pedido de destitución del titular de ARCA, Juan Pazo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Los decretos buscan limitar las misiones y funciones del organismo recaudador con el objetivo de que no se declaren operaciones cuyo ingreso de fondos son de origen incierto. Esto significa que no importa si el capital proviene del narcotráfico, del contrabando, de la venta ilegal de armas, de la trata de personas, de la fuga de capitales o de cualquier otro negocio ilegal", añadió.
Entonces, entiende Ravelli, la concreción de estas medidas podría costarle al país una sanción por parte del GAFI, un grupo internacional que vela por el respeto de las normas de prevención del lavado de activos.
En este sentido, recordó que los Estados Unidos, tras la asunción de Donald Trump, prohibió el ingreso del capital financiero de México y de Colombia, por temor a los cárteles de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana, del Atlántico, de Medellín y de Cali, entre otros. El temor del economista es que a partir de la flexibilización impulsada por Caputo y compañía, ingresen al país los fondos "en negro" que no ingresan en otros países, como Estados Unidos, que tiene reglas estrictas de control de capitales. "Se le abre la puerta en Argentina a esos fondos provenientes del delito", sentenció.
Carry Trade a costa de más deuda para los argentinos
Sobre el rumbo económico que fijó el presidente Milei, Ravelli sostiene que después de la devaluación del 118 % de nuestra moneda del 12 de diciembre de 2023, el gobierno busca asegurar la renta financiera por la diferencia de precios en pesos y en divisas a los compradores de títulos y acciones.
La bicicleta financiera o carry trade consiste en traer dólares y/o comprar títulos públicos o acciones en pesos que aumentan más que el precio del dólar, explicó el economista. "En el año 2024, el IPC del INDEC anual fue de 117,8%, y mientras que la mayor parte de los títulos públicos se ajustaban por el IPC, la evolución del precio del dólar fue de 20,5% para el contado con liqui y de 37,2% el del oficial (que pasó de 847 pesos a 1.162 pesos), lo que significó una ganancia en dólares del 80%".
En este marco, Ravelli señaló que este año se colocaron, en licitación del miércoles
28 de mayo de 2025, un título por 1.000 millones de dólares denominado
BOTEN 30, que se constituye en dólares, pero
que se ajusta en pesos a una tasa anual de 29,5%. Dicho título
se hace con la cláusula puts, un instrumento con el que el BCRA se
constituye como garante de la operación porque se les concede a los
tenedores de bonos el derecho de convertir la deuda del BOTEN 30 en
dólares hacia mayo de 2027.
"Seguramente buscarán repetir el mecanismo en las tres licitaciones
anteriores al 9 de julio de 2025, fecha en la que vencen 4.500 millones
de dólares de intereses del FMI y de capital e interés de los tenedores
de los bonistas", agregó.
Para el especialista, estas operaciones impulsadas por el Tesoro son la causa por la que casi se duplica la deuda
en pesos que dejó el gobierno de Alberto Fernández por el déficit fiscal
(en torno al 5% del PIB) y de las Leliq y demás pasivos financieros del
BCRA, que pasó de 60.000 millones de dólares a casi 110.000 millones de dólares.
