La acusación en este caso también involucra a la legisladora Sandra Figueroa, esposa de Campos, quien actualmente goza de fueros constitucionales. A pesar de este rechazo a las detenciones, la investigación sigue en curso, manteniendo la tensión en la localidad.
Amplios operativos federales y provinciales preceden la decisión judicial
Este lunes, estuvo marcado por un impresionante despliegue de fuerzas de seguridad. Durante la madrugada, Gendarmería Nacional llevó a cabo allanamientos en los domicilios de Campos y Roldán, incluyendo una vivienda particular y una imprenta en calle Matienzo.
Paralelamente, la Policía de Tucumán ejecutó un operativo de gran envergadura en los edificios públicos del municipio, abarcando la Intendencia, el Concejo Deliberante y el Centro de Monitoreo. Este despliegue contó con la participación de más de 300 efectivos de diversas unidades, como Infantería, Grupo CERO, DIDROP, Policía Motorizada, Seguridad Vial y brigadas especiales. La supervisión estuvo a cargo del jefe de Policía Joaquín Girvau y del director de Investigaciones, Crio. Gral. Ángel Carabajal, e incluyó incluso divisiones con canes adiestrados y caballería.
La intervención Municipal y el firme mensaje del gobernador Jaldo
Estos acontecimientos se enmarcan en la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, oficializada por el gobernador Osvaldo Jaldo mediante el decreto acuerdo 4/10. La medida fue justificada por una “crisis institucional” y la presunta vinculación de autoridades locales con actividades de narcotráfico.
Jaldo fue enfático en su mensaje a la comunidad: “En Tucumán se terminó la impunidad. Nadie tiene coronita. Caiga quien caiga, se aplicará todo el peso de la ley”. El gobernador subrayó que la decisión de intervenir no se basó únicamente en el audio viralizado —que muestra una polémica conversación entre Campos y el empresario Roque “Chipi” Giménez— sino en “una suma de irregularidades acumuladas” que, según él, pusieron en riesgo el orden público y la seguridad de los habitantes de Alberdi.
