Tras tres jornadas de exposición de pruebas, el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, junto a la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, consideró probada la participación de los acusados en hechos ocurridos entre 2006 y 2011.

Las penas solicitadas son las siguientes:

Juan Alberto Cerisola (exrector): 6 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos.

 Olga Graciela Cudmani (exdirectora general de Construcciones Universitarias): 4 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

 Osvaldo Venturino (exdirector de Inversiones y Contrataciones): 2 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.

 Luis Fernando Sacca (ex subsecretario administrativo): 2 años de prisión e inhabilitación absoluta por 10 años.

Además, la fiscalía pidió la revocación de las excarcelaciones de Cerisola y Cudmani, solicitando prisión domiciliaria debido a su edad y salud, pero también a la gravedad de los hechos imputados.

El perjuicio económico y la reparación solicitada

Los fiscales no solo buscan condenas de prisión, sino también que los acusados reparen el daño económico causado a la UNT. El monto total de este perjuicio, actualizado, supera los 55 mil millones de pesos y, según la fiscalía, podría casi financiar el funcionamiento completo de la universidad por un año o proveer 32.500 becas a estudiantes durante cinco años.

 La distribución de la responsabilidad económica solicitada es la siguiente:

Cerisola: Más de $19 mil millones por la renuncia a utilidades de la empresa minera Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD).

Cerisola y Cudmani: Más de $4.900 millones por sobreprecios en obras y adicionales.

 Cudmani y Venturino: Más de $28 millones por el alquiler de un predio lindero en una obra específica, y más de $2.200 millones por readecuaciones en la misma obra.

 Sacca: $250 millones por colocaciones financieras irregulares.

 Detalles de la acusación: Un vistazo a la corrupción

La fiscalía estructuró su acusación en tres bloques principales:

 Renuncia a fondos de YMAD: Se acusó a Cerisola de renunciar arbitrariamente, sin el aval del Consejo Superior y sin justificación, al 40% de las utilidades de YMAD que le correspondían a la UNT para la construcción de la Ciudad Universitaria. Esto significó una pérdida de más de 64 mil millones de pesos (a valores actuales) solo hasta 2010. La fiscalía sostuvo que los fondos se desviaron para obras discrecionales y aisladas en distintas facultades, sin un plan coherente.

Contrataciones de obras con fondos de YMAD: Cerisola, Cudmani y Venturino son acusados de crear un "régimen paralelo" para la contratación de al menos 13 obras, evadiendo los controles de la ley de obras públicas. Esto incluyó la alteración del organigrama de la UNT para que la Dirección General de Construcciones Universitarias (a cargo de Cudmani) y la Dirección de Inversiones y Contrataciones (a cargo de Venturino) estuvieran bajo la órbita directa y sin controles del rector.

Se detectaron "sobreprecios rampantes, sobrecertificaciones, anticipos financieros irregulares, y beneficios específicos a empresas", resultando en un perjuicio de más de $18 mil millones solo en sobreprecios, según un peritaje de la Corte Suprema. El perito Francisco Guzmán identificó "banderas rojas" que indican "maniobras típicas de defraudación o corrupción en la obra pública".

Inversiones financieras irregulares: Cerisola y Sacca son señalados por implementar un "subsistema ilegal" y opaco para la colocación de fondos de YMAD en instituciones bancarias y fideicomisos de dudosa fiabilidad, sin controles ni procesos de selección adecuados. Se mencionaron ejemplos como inversiones a plazo fijo por millones de pesos en bancos de poca reputación o en fideicomisos sin los controles exigidos por la normativa.

 Un juicio exhaustivo y sus implicaciones

 El juicio se extendió por 14 meses, con más de 40 audiencias, 50 testigos y peritos, la incorporación de 50 cajas de documentos y 11 inspecciones oculares. Se analizaron informes de todos los órganos de control de la Administración Pública Nacional, además de peritajes contables y de ingeniería civil de la Corte Suprema.

 La fiscalía solicitó que el tribunal declare estos hechos como actos de corrupción contra la UNT, conforme a convenciones internacionales y la Constitución Nacional. También pidió que se remitan copias de lo actuado a la fiscalía federal para investigar la posible responsabilidad penal de otras personas, y que la sentencia condenatoria sea enviada al Honorable Consejo Superior de la UNT como medida de no repetición.