En su pedido al juez Fabián Rojas para que declare la incompetencia del fuero local, García de Targa incorporó a la lista de investigados a figuras de peso político. Entre los nuevos apuntados se encuentran:

Sandra Figueroa: Ex intendenta de Alberdi y actual legisladora provincial.

Rebeca Figueroa: Hermana de Sandra y expresidenta del Concejo Deliberante local.

Juan Lezcano: Cuñado del exintendente Luis Campos y exsecretario de Obras Públicas.

Carlos “Kokoz” Rodríguez: Exmano derecha del exsecretario de Hacienda José Roldán, quien ya está detenido en Salta por un doble homicidio vinculado al narcotráfico.

Elvio Díaz: Puntero político de Alberdi, también detenido por el doble crimen en Salta.

Rodrigo “Patón” Campos: Colaborador de “Kokoz”, arrestado a principios de junio por transportar cocaína.

Roque “Colorao” Carrazán: Condenado por liderar una red de narcomenudeo en la zona, con uno de sus puntos de venta funcionando frente a la casa del exintendente Campos.

 El origen del escándalo

La pesquisa se inició tras la viralización de un explosivo audio. En la grabación, se escuchaba una conversación entre Roque “Chipi” Giménez y el exintendente Luis “Pato” Campos, en la que hacían referencia explícita al uso del poder político y policial para el control territorial, al narcotráfico y al manejo autoritario de la ciudad. Este audio desató un escándalo institucional que llevó a la intervención del municipio y del Concejo Deliberante el pasado 9 de junio.

Como resultado de las primeras acciones judiciales, Giménez fue imputado por intimidación pública y atentado contra el orden público, recibiendo seis meses de prisión preventiva. Campos, por su parte, fue señalado por encubrimiento agravado, intimidación pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

A estos se sumaron las detenciones de José Roldán (exsecretario de Hacienda), Pablo “Maceta” Barrionuevo (exsecretario de Acción Social) y José Albano Loru (exconcejal). El gremialista José Ignacio “Cuchamota” Funez es el único de los mencionados que sigue el proceso en libertad.

Hipótesis compartidas y próximos pasos

Tanto la fiscala García de Targa como el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz coinciden en la hipótesis central: la existencia de una asociación ilícita con ramificaciones en el narcotráfico, el lavado de dinero y el uso de estructuras públicas para cometer delitos. Aunque el juez federal José Manuel Díaz Vélez inicialmente rechazó algunos pedidos de detención por supuestos errores procesales, la investigación sigue adelante con el análisis de la evidencia incautada en los allanamientos realizados por Gendarmería Nacional.

Ahora, la pelota está en el tejado del juez Rojas, quien deberá decidir si el caso es derivado al fuero federal. De aprobarse, la causa podría unificarse con expedientes ya abiertos en esa jurisdicción, lo que promete nuevos avances en las próximas semanas, con más medidas judiciales y peritajes en curso.