La jubilación para beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se actualiza según el monto mensual por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. Esto es así desde abril del 2024, cuando el presidente Javier Milei derogó la fórmula de movilidad anterior y estableció la actual por decreto. Para darle sostenibilidad legal, el Congreso terminó por convertir en ley esa forma de actualización y en el mismo momento votó por un aumento del 7,2 % para todas las jubilaciones, más una suba del bono que perciben los haberes más bajos.

Conforme a la metodología de actualización previsional actual, los haberes de julio se incrementarán en un 1,5%, en línea con la inflación registrada en mayo. Este incremento impacta directamente en el haber mínimo, las prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez, Invalidez, madres de siete hijos o más, entre otras. En tanto que el Gobierno decidió mantener congelado el bono extraordinario de $70.000 que se acredita a quienes perciben el haber mínimo previsional, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y que se abona de manera proporcional a quienes perciben más que la mínima hasta alcanzar un tope máximo de $379.294,80 (haber más bono) en julio.

En este sentido, ANSES estableció para julio una jubilación mínima de $309.294,80, que al sumarse el bono de $70.000, redondea los $379.294,80; una jubilación máxima de $2.081.261,16 (no aplica bono, ya que supera el tope); y para la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) se fijó la suma de $247.435,84, que al agregar el bono de $70.000 asciende a $317.435,84.

El proyeto que hoy fue convertido en ley por el Senado, si lograra superar el filtro de un veto seguro, permitiría a los jubilados obtener una suba del 7,2 %, además de una actualización del bono que el Gobierno mantiene congelado en $ 70 mil desde hace un año.

De este modo, los haberes mínimos aumentarían, según los valores de julio, en unos $ 22.269,22, alcanzando los $ 331.564,02. Junto con el bono, que la ley fija en $ 110.000, un jubilado que percibe la mínima cobraría un total de $ 441.564,02.

De igual modo, quienes perciben una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80 % de una jubilación mínima, pasarían a cobrar $ 265.251,22, es decir, unos $ 17.815,38 más. Al sumarse el bono de $ 110.000, en total recibirían $ 375.251,22. 

Siguiendo la misma línea, las jubilaciones máximas ascenderían unos $ 149.850, para situarse en $ 2.231.111,96. Este grupo no percibe ningún bono y que superan el tope fijado para recibirlo.

¿Cuándo se aplicaría la suba?

En paralelo a la sesión en el Senado, el presidente Javier Milei confirmó este jueves que vetará todas las leyes que fueron aprobadas en la Cámara Alta. "Están desesperados. Porque saben que en octubre La Libertad arrasa", aseguró en referencia a las elecciones generales de este año. "Vamos a vetar", prometió y "si el veto se cae, lo vamos a judicializar, el daño que podrían causar es mínimo. La política del superávit fiscal es permanente", aseguró.

A partir de que la ley llegue a manos del presidente, lo que ocurrirá seguramente este viernes, el mandatario contará de 10 días hábiles para objetarlo y devolverlo a la cámara de origen, que en este caso es Diputados, según lo establece el artículo 80 de la Constitución Nacional. 

Si los legisladores deciden insistir con el proyecto, ambas cámaras deberán aprobarlo por mayoría de dos tercios de votos de los presentes. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, no pudiendo vetarlo nuevamente. El árticulo 83 de la Constitución fija que las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de este año.

En cuanto al tiempo, el Congreso dispone para insistir ante el veto del Ejecutivo del plazo previsto en el artículo 3° de la ley 13.640: “Los proyectos de ley o parte de ellos que el Poder Ejecutivo devuelva observados en uso de la facultad que le acuerda el artículo 83 de la Constitución Nacional, que el Congreso no confirme en el año parlamentario en que fueran devueltos o en el siguiente, se tendrán por caducados”.  Es decir, diputados y senadores disponen de un año y medio para insistir, aunque lo más probable es que se aboquen inmediatamente al tratamiento para intentar resolverlo antes de los comicios de octubre. Esto, suponiendo que todos los que votaron a favor de la iniciativa se mantienen firmes en su postura y no se convierten en "héroes del veto" como ya ocurrió el año pasado.

La oposición cuenta con mayorías en ambas cámaras pero podría no alcanzarle

El aumento de los haberes y el bono fue aprobado a principios de junio en la Cámara de Diputados con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Fue una contundente mayoría conformada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En contra votaron LLA, el PRO y bloques provinciales, mientras que la UCR se abstuvo. Se trata de una mayoría importante que, sin embargo, no le alcanzó a la oposición para lograr los 2/3 de los presentes (156) y mucho menos del cuerpo (171). 

Por su parte, en el Senado el proyecto recibió 52 votos afirmativos, 0 negativos y 4 abstenciones. En este caso la oposición superó con facilidad los 2/3, tanto de los presentes (38) como del total de senadores (49), un número que podría repetirse debido al fuerte respaldo de los gobernadores, quienes se encuentran librando su propia batalla por fondos con el Gobierno Nacional.

La partida más dura la tendrán en la cámara baja, en donde el oficialismo ha sabido conquistar más adeptos. No obstante, el desplante de LLA a los "héroes del veto" para la integración de las listas de cara a octubre -tal es el caso del radical Mariano Campero-, podría jugarle una mala pasada al Gobierno, desde donde se han empeñado en construirse rivales en todos los frentes.

¿Cómo resultó la ley previsional sancionada en 2024?

El jueves 22 de agosto de 2024, en una votación atípica en la Cámara alta, el incremento para los jubilados obtuvo 61 votos a favor y 8 en contra, que pertenecieron a los siete senadores de La Libertad Avanza y la cordobesa del PRO Carmen Álvarez Rivero. El radicalismo, el kirchnerismo, el macrismo y los senadores que responden a los gobernadores se alinearon para votar a favor del aumento a los jubilados.

Un mes antes, la primera media sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en Diputados fue aprobada por 160 votos afirmativos, una mayoría holgada que reunió a Unión por la Patria (UP), la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica (CC), Por Santa Cruz y el Movimiento Popular Neuquino (MPN). En esa sesión, se registraron 72 votos negativos y 8 abstenciones. Es decir que votaron 240 diputados. De esta manera, el proyecto contó con el voto afirmativo de 2 tercios de los presentes.

En ambos casos se había logrado juntar las voluntades necesarias para superar el piso de 2/3 que iban a necesitar después para insistir ante el veto de Javier Milei. No obstante, al momento de la verdad, varios diputados cambiaron de opinión y la oposición no logró revertir el veto presidencial. En aquella sesión especial, unos 153 diputados votaron en favor de insistir con el proyecto de ley, mientras que 87 votaron en contra y 8 se abstuvieron. De esta manera, no se alcanzaron los 2 tercios necesarios y la iniciativa quedó vacía.