Tras la disolución de organismos centrales abocados al mantenimiento de las rutas y al control del tránsito por parte del Gobierno Nacional, la diputada Ana María Ianni presentó dos proyectos de ley que abordan esta problemática creciente, que se profundiza y pone en riesgo la seguridad vial.

Con este objetivo, uno de los proyectos presentados propone dejar de utilizar la palabra “accidente” en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, y reemplazarla por la palabra “incidente de tránsito o incidente vial”.

“Si se puede evitar, no es un accidente”, la recordada campaña de prevención impulsada por la entonces Agencia Nacional de Seguridad Vial, entra en contradicción con la definición que aún rige en la ley”, expresó Ianni. Y agregó: “En su momento, fue desde ese espacio institucional que se nos transmitió la preocupación. Esta semana, la Agencia fue eliminada por decreto, demostrando, una vez más, que este Gobierno elige mirar hacia otro lado ante todo lo que afecta a los ciudadanos y ciudadanas”.

La modificación propuesta, va en sintonía con las directrices internacionales, y pone de manifiesto que la palabra “accidente” para nombrar a los siniestros o incidentes de tránsito, denota un significado que trivializa el factor humano, por la interpretación general. No sólo desde el aspecto judicial, sino también desde el uso de esta palabra en los medios de comunicación, que terminan propagando el incorrecto lenguaje al referirse a los siniestros e incidentes de tránsito productos del incumplimiento de las leyes.

La segunda iniciativa parlamentaria presentada por la diputada santacruceña propone incorporar una nueva circunstancia agravante en el artículo 84 bis del Código Penal, cuando la muerte de una persona sea causada por la conducción imprudente, negligente, con impericia o antirreglamentaria de un vehículo con motor, mediando la utilización de aparatos electrónicos de comunicación, tales como teléfonos, celulares o auriculares por parte del conductor.

Al respecto Ianni explica que “la iniciativa surge a partir de la inquietud de un conjunto de familiares de víctimas que perdieron la vida a causa de un incidente de este tipo”. “Lo evaluamos y concordamos en que es necesario actualizar y robustecer el marco normativo vigente. Se busca, en definitiva, que la justicia penal sea consistente con la gravedad de las consecuencias que tales conductas generan y que se resguarde el derecho fundamental a la vida” afirmó.

Entre las modificaciones propuestas también se incorpora la palabra “impericia” que actualmente no está incluida en el artículo 84 bis, y se agrega al articulado la figura del “homicidio culposo calificado por la concurrencia de agravantes”.

“Con esto se estaría dando una sanción penal acorde a la gravedad del hecho, teniendo en cuenta la demanda social legítima por justicia” aseguró la legisladora. Y concluyó: “Hoy la situación es alarmante, con las rutas completamente abandonadas por el Gobierno Nacional urge buscar los caminos para dar respuestas concretas y efectivas a una problemática que se agrava poniendo en riesgo la vida de todos los argentinos y argentinas”.