A través de la Resolución 5/2025, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social definió en mayo los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM) para los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. La medida fue dispuesta de manera unilateral, tras no alcanzarse un acuerdo en el marco del Consejo del Salario. Según lo resuelto en aquella oportunidad, en julio fue de $317.800 y a partir de agosto alcanzará los $322.000, un valor que responde a favor de las empresas, que se apoyan en el respaldo del presidente Javier Milei para negarse a negociar con los gremios un piso salarial digno.

Desde que inició la gestión libertaria, todas y cada una de las reuniones entre gremios, empleadores, el Estado Nacional y los gobiernos provinciales terminaron en fracaso debido a la postura intransigente de la pata empresarial. Mientras que los gremios solicitan recuperar el terreno perdido ante la inflación, la contraparte ofrece subas significativamente por debajo del avance de los precios. Como nunca hubo acuerdo, la decisión de fijar el monto del SMVM recayó siempre en manos de la Secretaria de Trabajo, que todas y cada una de las veces se puso del lado más fuerte de la relación laboral.

La última cita tuvo lugar el 29 de abril. En la misma, los sindicatos propusieron llevar el salario mínimo a $ 644.165 en abril y a $ 657.703 en mayo, concretando una suba del 121 % que, según explicaron, permitiría a los trabajadores recuperar solamente una parte del poder adquisitivo perdido. Del otro lado, el sector empresario presentó una oferta del $ 301.500 para abril, $ 306.500 para mayo y $ 311.500 para junio, lo que implicaba un incremento mensual del 1,3 %. Ante las significativas distancias, el Gobierno Nacional decidió arbitrar por medio de un laudo y determinó una actualización del 8,47 % progresivo hasta agosto, cuando el SMVM alcanzará la módica suma de $ 322.000.

Este aumento no solo afecta a quienes están registrados con sueldos en ese rango, sino que repercute en múltiples políticas públicas, beneficios sociales y parámetros de cálculo previsional. En el caso de los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que accedieron a su haber sin recurrir a moratorias, la ley prevé que perciban el 82% del SMVM. Sin embargo, como el salario mínimo se mantiene por debajo del haber jubilatorio mínimo actual, no se aplicará el pago adicional que garantiza ese porcentaje. En este contexto, especialistas advierten que el desfasaje entre el SMVM y las jubilaciones refleja una pérdida de capacidad adquisitiva acumulada en los últimos años.

Por otra parte, también se ajustará el valor de la prestación por desempleo, que se calcula en base al salario mínimo vigente. El beneficio equivale al 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses previos al cese laboral, y tiene como tope un rango que no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del SMVM.

Además, sirve como tope para determinar el derecho o no a cobrar otros programas, como el caso de las Becas Progresar (de Respaldo a Estudiantes Argentinos), del que quedan excluidos los estudiantes cuyas familias tengan ingresos que superen los 3 salarios mínimos. Con este mínimo fijado para agosto en $ 322.000, los hijos de familias que cobren en conjunto más de $966.000 no podrán recibir el beneficio. 

Un piso cada vez más bajo frente a la inflación

Pese a la suba anunciada, el nuevo monto queda muy por detrás de la canasta básica total, que según el INDEC en junio de 2025 alcanzó $ 1.128.398 para una familia tipo. Esto significa que el salario mínimo apenas cubre el 28 % de las necesidades básicas de una familia, un porcentaje que ha venido cayendo de manera constante en los últimos años.

Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei mantiene congeladas varias prestaciones sociales, en línea con su política de ajuste fiscal. Organizaciones sindicales y sociales ya advirtieron que el nuevo monto "no cubre ni lo mínimo indispensable" y anticiparon que podría reactivarse el conflicto social en los próximos meses si no hay una recomposición real del poder adquisitivo.

Así, la actualización del SMVM no solo establece un nuevo piso para los trabajadores registrados, sino que arrastra consecuencias estructurales en el sistema previsional, los planes sociales y el mercado laboral argentino.