Según la acusación, personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) mientras se dirigía a actuar en un foco ígneo denunciado previamente, encontrando en el trayecto la existencia de otra quema, por lo que decidieron tomar participación junto a efectivos de la División de Delitos Rurales y Ambientales y la Comisaría de Río Dulce, circunstancia en la que sorprendieron a los imputados en plena flagrancia, mientras apilaban arbustos y ramas para luego prenderles fuego.

El incendio se propagó hacia una finca vecina con monte nativo y estuvo a punto de alcanzar cañaverales situados a unos 200 metros, favorecido por las ráfagas de viento. En el lugar, además, se secuestraron elementos inflamables (botellas con líquidos, encendedores y machetes) que evidenciaban la intención de iniciar y propagar el fuego.

La situación obligó a la intervención inmediata de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas y evitar mayores daños ambientales y de seguridad vial.

Formulación de cargos

En la audiencia, la fiscalía describió que el 28 de agosto de 2025, alrededor de las 16:00 horas, los imputados, de común acuerdo, iniciaron de manera intencional un incendio mediante una fogata en un montículo de árboles caídos y leña, previamente reunida, en un monte ubicado a unos 200 metros de un camino vecinal a la altura de la Ruta Provincial 320, en la zona conocida como La Soledad, departamento Leales.

Se expuso que dicho incendio generó un peligro concreto, real y común hacia una finca colindante, que sólo pudo ser controlado gracias a la intervención del personal policial y de Bomberos Voluntarios.

En su exposición, la auxiliar fiscal Brenda Deroy remarcó que “las quemas ocasionan accidentes de tránsito, daños a inmuebles, a personas y a los animales que se encuentran en el lugar”, por lo que su prevención y sanción resultan fundamentales.

Riesgos procesales

La representante del Ministerio Fiscal señaló que, si bien se consideraba acreditada la existencia del hecho y la vinculación de los acusados, existían riesgos procesales importantes respecto a dos de ellos, ya que no poseen domicilio en la provincia y la defensa tampoco aportó información suficiente para corroborar sus residencias, limitándose a manifestar que vivían en la localidad de El Mojón, Santiago del Estero.

Ante ello, la auxiliar fiscal Deroy solicitó la aplicación de medidas de coerción más gravosas para garantizar la sujeción de los acusados al proceso.

Resolución judicial

En cuanto al planteo de la fiscalía, Deroy había requerido la prisión preventiva por 30 días. Sin embargo, la jueza interviniente denegó el pedido, realizando consideraciones en torno a la economía y la ausencia de elementos suficientes para atribuir dolo en el incendio.

En consecuencia, resolvió imponer medidas de menor intensidad, destinadas a asegurar la comparecencia de los imputados durante el proceso, sin disponer su encierro preventivo./MPF