En los Tribunales Penales, se realizó este jueves la audiencia multipropósito correspondiente al control de la detención, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Emely Rafael.

Durante la misma, una mujer de 58 años fue acusada de los delitos de estafa en cuatro oportunidades en calidad de autora, requiriendo en contra de la misma la prisión preventiva por el plazo de tres meses para avanzar en las medidas investigativas correspondientes.

La magistrada interviniente resolvió no hacer lugar a la medida solicitada, disponiendo el cese de la detención de la acusada bajo una caución personal de $2.000.000 y el cumplimiento de reglas de conducta a los fines de cautelar el proceso.

El primer punto de la audiencia multipropósito fue el control de la detención, que fue declarada legal y legítima por parte de la jueza interviniente.

La representante de la acusación pública explicó que a partir de las investigaciones del MPF fueron solicitadas medidas de allanamiento detención y registro que se efectivizaron el martes dos de septiembre. Durante esa medida se secuestró evidencia de valor para la pesquisa.

Las estafas

A continuación, la Fiscalía formuló los cargos en contra de la acusada, describiendo los hechos. En ese sentido, la investigadora del MPF detalló los hechos, señalando que el primero tuvo origen el 21 de octubre de 2022, cuando la acusada, manifestando tener influencias en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbanístico, dijo ser gestora de ese organismo, y ofreció a una mujer la adjudicación de una vivienda ubicada en el barrio Lomas de Tafí.

La víctima le entregó diferentes sumas de dinero por un monto total de $2.500.000, sin que se hiciera efectiva la entrega del inmueble prometido.

El segundo hecho tiene como damnificada a la misma persona, consistiendo en que desde el mes de agosto de 2022, la imputada, manifestando tener contactos políticos, asegurando ser gestora y que vendía junto a policías, vehículos recuperados del delito, le ofreció una camioneta y un tractor supuestamente pertenecientes a la Comuna de Delfín Gallo.

La víctima accedió a ello a cambio de diferentes sumas de dinero por el monto total de $735.00, que entregó a la acusada a lo largo de varios meses, pero llegada la fecha de la entrega pactada la misma no se concretó.

Respecto al tercer hecho, consiste en que el 13 de octubre de 2022, la imputada, manifestando tener contactos políticos y que trabajaba con abogados que presentaban petitorios ante el IPVDU para la adquisición de casas recuperadas para familias vulnerables, le cobró a un matrimonio diferentes montos de dinero por un total de $280.000, para acceder a una casa en Lomas de Tafí, pero llegada la hecha de la entrega la misma no se hizo efectiva.

El cuarto ilícito se registró en noviembre de 2022, cuando la acusada, asegurando contar con influencias en el IPVDU, le ofreció a una mujer la adjudicación de una vivienda en el barrio Lomas de Tafí a cambio de diversas sumas de dinero, no cumpliendo la acusada con lo acordado./MPF