La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Público Fiscal (MPF), dirigida por el fiscal Diego López Ávila, llevó adelante una audiencia de formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción contra una mujer imputada por el delito de estafa informática.

En representación del MPF intervino la auxiliar de fiscal, Carolina Brito. Según expuso la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre de 2024, cuando la imputada se presentó en el domicilio de un hombre de 70 años, ubicado en pasaje Humberto Primo 441 de la ciudad de Alderetes.

Aprovechándose de la confianza que aquel tenía en ella, por ser hija de un amigo suyo, la acusada le habría realizado falsas promesas, asegurándole que podía conseguirle un aumento en ANSES.

Con esa excusa, la mujer le tomó una fotografía al damnificado, que luego utilizó de forma oculta y sin su consentimiento para validar su identidad y cambiar la contraseña del home banking de su cuenta del Banco Galicia.

A partir de ese acceso, el 30 de octubre de 2024, solicitó un préstamo por la suma de $3.796.200. Posteriormente, realizó una serie de extracciones y transferencias bancarias: una extracción de $1.000.000 en la sucursal del Banco Galicia, una transferencia de $50.000 a un tercero y nuevas extracciones de $560.000 y $440.000 el 1 de noviembre del mismo año.

Además, efectuó múltiples transferencias hacia su propia cuenta bancaria, operaciones realizadas entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre de 2024, ocasionando un perjuicio económico total de $3.727.009,49.

La auxiliar de fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de dos meses, con el fin de garantizar el avance de la investigación y evitar posibles entorpecimientos procesales.

Entre los fundamentos, se destacó el engaño empleado, el aprovechamiento de la relación de confianza con la víctima y la magnitud del daño económico ocasionado.

Finalmente, la jueza interviniente hizo lugar al pedido del MPF y dictó las medidas de coerción solicitadas por el término establecido, mientras continúa la investigación.