La audiencia fue dirigida por el titular de la Unidad Fiscal, Diego López Ávila, junto a la auxiliar de fiscal Emely Rafael, quienes solicitaron la extensión de las medidas de coerción respecto de tres hombres actualmente imputados.

Según la acusación, entre los meses de febrero de 2023 y mayo de 2024 los imputados, junto a otros individuos aún no identificados, habrían conformado una organización criminal con estructura jerarquizada, división de roles y un claro reparto de funciones.

Uno de ellos ejercía el liderazgo y coordinación general, mientras que los restantes actuaban como miembros permanentes, dedicándose de forma reiterada y sistemática a la comisión de delitos contra la propiedad y el patrimonio.

El grupo identificaba propiedades vulnerables (algunas deshabitadas, otras habitadas por adultos mayores o en trámite sucesorio) para luego realizar un seguimiento previo y analizar sus condiciones dominiales y catastrales. Con esa información, ejecutaban el ingreso violento o clandestino a los inmuebles, valiéndose de herramientas para forzar puertas o candados, e incluso mediante intimidaciones a los ocupantes.

Posteriormente, confeccionaban documentación falsa, incluyendo contratos de locación, cesiones de derechos y actas selladas con logos de organismos oficiales y firmas apócrifas de escribanos públicos, con el fin de simular legitimidad en la posesión y confundir tanto a las víctimas como a la Justicia.

Además, se detectaron maniobras de acceso a información reservada proveniente de fuentes policiales, utilizada por la organización para evitar allanamientos y obstaculizar las investigaciones.

Hechos relevados en la investigación

La causa abarca múltiples hechos ocurridos en distintos puntos de la capital tucumana, en una propiedad de avenida Avellaneda, los acusados intentaron ingresar por la fuerza, utilizando herramientas de efracción, aunque debieron huir al ser descubiertos por el ocupante.

En un inmueble de calle Balcarce, aprovecharon la ausencia momentánea de los cuidadores para romper la cerradura, colocar una nueva y permanecer en el lugar durante varios meses, hasta que uno de ellos fue aprehendido.

En una vivienda ubicada en calle Marcos Paz y Esquiú, habrían ingresado tras forzar el portón, manteniendo la ocupación hasta que la propiedad fue recuperada judicialmente.

En un domicilio de calle Muñecas, irrumpieron violentamente y despojaron a su legítima ocupante, colocando nuevos sistemas de seguridad.

En una casa de calle Bolivia, ingresaron de manera forzada, motivando la inmediata denuncia del cuidador del lugar.

Además, se investiga un hecho de estelionato, vinculado a la venta fraudulenta de un terreno mediante engaños, causando un perjuicio económico significativo a la víctima.

Cabe destacar que uno de los imputados registra otras 14 causas por estafas, todas incorporadas a este mismo expediente por su relación directa con la operatoria y la estructura delictiva investigada.

Medidas judiciales y continuidad de la investigación

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Emely Rafael solicitó la prórroga de las medidas cautelares por el término de dos meses, argumentando la complejidad del caso y la necesidad de culminar con el análisis de documentación, pericias informáticas y registros bancarios secuestrados por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

El juez interviniente resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Fiscal, disponiendo que los imputados continúen bajo las medidas de coerción vigentes durante el plazo solicitado.

“La causa reviste un alto grado de complejidad, con numerosos hechos, víctimas y un perjuicio económico significativo. Aún restan diligencias fundamentales para esclarecer el funcionamiento completo de la organización y el destino de los bienes obtenidos mediante las maniobras ilícitas”, manifestó la auxiliar de fiscal Rafael al finalizar la audiencia.

La investigación sigue en curso bajo la dirección del fiscal Diego López Ávila, con el objetivo de esclarecer la totalidad de los hechos, identificar a otros posibles involucrados y asegurar la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.