En la mañana de este lunes, tuvo lugar una audiencia judicial con el objeto de solicitar la prórroga de las medidas de coerción de menor intensidad que viene cumpliendo el imputado de estafas reiteradas en 26 oportunidades.

Según la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del MPF, que conduce Diego López Ávila, el acusado aparentó ser dueño de una empresa solvente, con local comercial visible al público, ubicado en calle San Martín al 800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a sabiendas que no tenía el sustento económico para hacer frente a las operaciones comerciales que realizaba de manera constante, con intención clara de perjudicar a los clientes y sabiendo que no iba a cumplir con el acto comercial que se llevaría a cabo, realizó contratos que consistían en que los damnificados debían abonar la suscripción de planes, pago de cuotas mensuales y contratos de compraventa de vehículos que nunca llegaba a entregar, desapareciendo al momento en que tenían que cumplir con sus obligaciones.

En la oportunidad, la auxiliar de fiscal, Emely Rafael, indicó que la pericia contable desarrollada por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) establece, entre sus conclusiones, que el monto invertido por los denunciantes (26 hechos) asciende a valores millonarios.

Finalmente, la investigadora pidió que la medida de coerción de menor intensidad (dispuestas el 28 de octubre de 2024 cuando el juez de grado dictó la sustitutiva del arresto domiciliario) se extienda por otros cuatro meses. Entre ellas, deberá fijar domicilio, firmar el libro de comparendo en la comisaría de Yerba Buena y la prohibición de salir de la provincia (sin previa autorización), entre otros.

La causa ya fue declarada compleja por la multiplicidad de víctimas./MPF