Tras regresar a la cámara de origen por no haber aprobado todos los artículos en Diputados, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió este martes para pasar a la firma el dictamen de la reforma a la Ley de DNU. Los vocales de la oposición avalaron el despacho que insiste con la media sanción tal como fue avalada en el recinto el pasado 4 de septiembre cuando el texto avanzó con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

De esta manera, el proyecto de ley que modifica a la Ley 26.122 quedó listo para ser llevado a una sesión ordinaria. Cabe recordar que, para mantener el despacho original, la Cámara alta deberá alcanzar la mayoría calificada -dos tercios de los presentes en el recinto del Senado- para sancionar la reforma que propone, entre varias cosas, decretos que versen sobre un solo tema, habilitación a la Bicameral para reuniones fuera del período ordinario, plazo de 90 días para debatirlo o se cae-este punto no avanzó en la Cámara baja-, y que el rechazo de una cámara derogue el DNU, salvo que sea avalado por las dos.

Pese a que la redacción original cuenta con el consenso de todos los bloques de la oposición (dura y dialoguistas), los vocales de Unión por la Patria firmaron el dictamen en disidencia.

De todos modos, el presidente de la Nación, Javier Milei, reiteró en varias oportunidades que vetará la sanción del proyecto al considerarlo como “un intento de cambiar las reglas de juego con el partido empezado”. La iniciativa está vigente desde julio del 2006 y fue motorizada por la entonces senadora nacional Cristina Fernández, durante el mandato de Néstor Kirchner.

Por su parte, la oposición prepara la última jugada antes del recambio legislativo porque después del 10 de diciembre La Libertad Avanza contará con el tercio propio que le permita defender los vetos sin tener que depender de los bloques aliados, al menos en la Cámara baja. Así las cosas, la Cámara alta cuenta con los votos para la insistencia cuando iniciativa sea vetada, no así Diputados, donde la reforma alcanzó los 140 votos afirmativos, muy lejos de los tercios requeridos para imponer la insistencia.

En relación a la insistencia del proyecto original, el senador correntino Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, se refirió a la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vete la iniciativa y sugirió que “estamos reglamentando nuestras propias facultades”. Luego, señaló: “A mi criterio, no debería ser vetada”, y agregó que la Corte Suprema de Justicia “podría darnos claridad al respecto” en caso de que surja un conflicto de poderes.

Minutos antes, el legislador cercano al gobernador Gustavo Valdés de Provincias Unidas consideró que “el articulado terminó siendo de consenso y cerraba la idea de la toma de atribuciones del Poder Legislativo porque los DNU son medidas extremas y tienen que ver con cuestiones especiales”. Sobre el artículo caído en Diputados, mencionó que el plazo de 90 días “es necesario”, y concluyó que “no puede ser vetada porque es una ley sobre facultades legislativas”.

Por la disidencia, la senadora riojana Florencia López del bloque Frente Nacional y Popular cargó que “esta ley surge con determinados requisitos establecidos para que no suceda lo que está sucediendo: un presidente que gobierna a través de decretos, mostrándose este Congreso totalmente impotente de frenar esas decisiones que se tomaron a través de los DNU”. De todos modos, se sinceró y manifestó que “sería vetada y obviamente sería difícil insistir con este texto original”.

El tratamiento fue breve y una vez que el dictamen de la reforma a la Ley de DNU pasó a la firma, Alejandra Vigo, en su rol de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dio lugar a despachar otros pedidos de informes y proyectos de reglamentación: el del fueguino Pablo Blanco para solicitar información sobre porqué se eliminó el acceso público a los datos societarios de los proveedores estatales del sistema de compras del estado; y el de Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri sobre cuestiones referidas al decreto 780/24.

Por último, fueron aprobados cuatro pedidos de reglamentación al Poder Ejecutivo de la Nación: el primero de Edith Terenzi para Ley 27.732 sobre el Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Pubertad Precoz; el de Daniel Bensusán y Daniel Kroneberger para el Régimen de Protección Integral del menor con Cáncer; y el de María Inés Pilatti Vergara para exigir la reglamentación de la Ley 27.716 de Diagnóstico Humanizado.