Uno de los exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) involucrados en las denuncias por un presunto esquema de coimas rompió el pacto de silencio entre los acusados y, en su declaración ante la Justicia, confirmó irregularidades en la compra de medicamentos.

Según explicó, era Daniel María Garbellini quien le indicaba directamente a quién debía contactar para cotizar los medicamentos PACBI (Programa de Asistencia para Personas con Cobertura Básica) y a quién se debía adjudicar la compra. Se trata de Roger Grant, excoordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien aseguró que todas sus acciones fueron ejecutadas "bajo las órdenes de Garbellini", quien se desempeñaba como superior en el período investigado. De esta manera, corrobora la imputación que pesa sobre él y confirma el esquema de direccionamiento de las contrataciones en el organismo.

El periodista Ariel Zak informó en C5N que esto implica que sabía quiénes iban o no a cotizar, manejaba los tiempos del proceso, ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema y se interiorizaba sobre quiénes habían "podido" cotizar.

A partir de esta declaración, se puede interpretar que no existía competencia real de precios entre proveedores y que los procesos de compra estaban previamente "digitados". Grant era el ejecutor directo, manejando los tiempos del proceso y las altas de droguerías en el sistema.

El nombre de Grant figura en los cuadernos secuestrados en la casa de Miguel Ángel Calvete, otro de los implicados en la causa, lo que indica su rol clave en la concreción de los direccionamientos ordenados por Garbellini.

Diego Spagnuolo pidió ser sobreseído

En paralelo, el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, pidió su sobreseimiento en la causa en la que se investigan hechos de corrupción en el organismo, al argumentar que el audio que dio inicio a la investigación y que se le atribuye fue “adulterado”.

A través de su abogado, Mauricio D'Alessandro, presentó dos escritos ante el juez Sebastián Casanello en los que pidió que se le dicte el sobreseimiento.

En uno de los escritos, la defensa sostuvo que la decisión de imputarlo y citarlo a indagatoria se encuentra sustentada en “prueba adulterada que no fue debidamente introducida al proceso; invalidez que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado”. Para la defensa esos audios fueron manipulados. Por ahora, la justicia no ordenó nada al respecto del pedido, y el exabogado de Milei continuará imputado.