El tribunal conformado por los jueces Gustavo Romagnoli –Presidente–, Fabián Fradejas y Luis F. Morales Lezica tendrá a su cargo el juzgamiento de las personas imputadas por el homicidio de la joven Paulina Lebbos, ocurrido en febrero de 2006.

En la causa están acusados Víctor César Soto -como presunto autor responsable del delito de homicidio agravado por alevosía, previsto y penado por el Art. 80, inc. 2 del Código Penal, en perjuicio de Paulina Alejandra Lebbos, por el hecho ocurrido en fecha 26 de febrero de 2006-, y a Sergio Hernán Kaleñuk -quien deberá responder en calidad de autor del delito de encubrimiento agravado, previsto y penado por el Art. 277, inc. 1° apartados “a” y “b” e inc. 3° apartado “a” del Código Penal, en perjuicio de la Administración de Justicia, conforme los hechos ocurridos entre el domingo 26 de febrero y el sábado 11 de marzo de 2006-.

A lo largo del proceso se tomará declaración a aproximadamente 80 testigos.

En el marco de este debate, la acción pública estará representada por los fiscales Carlos Sale y Adrián Sollazo.

Por último, la Secretaría actuaria estará a cargo de Nazaret Rodríguez Ponce de León.

Tanto la primera audiencia como las subsiguientes tendrán lugar en la sala N°20 de la sede de Tribunales de calle España 430 (5to. Piso). Asimismo, se informó que durante la jornada del lunes se definirá la modalidad en que se desarrollarán las audiencias./justucuman.gob.ar

A 20 años del crimen de Paulina

El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos (23) salió de fiesta a un boliche de San Miguel de Tucumán para celebrar que había aprobado una materia, sin imaginar que nunca volvería a su hogar.

Desde ese entonces, su padre, Alberto Lebbos, exige justicia por la tortura seguida de muerte que sufrió su hija. Un caso que, según aseguró, sigue estancado por ciertas maniobras de encubrimiento por parte del poder. Esa noche, la estudiante había ido a bailar al boliche “Gitana”.

De allí, se fue en un remis con su amiga y compañera de la carrera de Comunicación Social, Virginia Mercado, quien declaró que regresó a su casa, mientras que Paulina se dirigía a la casa de su ex pareja.

De acuerdo con la investigación, Mercado habría sido la última persona que la vio con vida. O eso se creía, ya que en diciembre del año pasado confesó que había mentido luego de que detectaran incongruencias en su relato. Quedó imputada por encubrimiento agravado. 

Anteriormente, se había realizado un juicio en 2018, en donde resultaron condenados varios altos funcionarios por encubrimiento. Entre ellos, el ex jefe de Policía de Tucumán, Hugo Rubén Sánchez; el ex secretario de Seguridad, Eduardo Oscar Di Lella; el ex subjefe de la fuerza, Luis Nicolás Barrera; y el ex titular de la Unidad Regional Norte, Héctor Rubén Brito.

Como parte de ese proceso, se ordenó investigar a más de treinta personas, que presuntamente habrían colaborado con el encubrimiento del crimen, aportado falsos testimonios o, en el caso de los funcionarios públicos, incurrido en el abuso de autoridad. De la cúpula del poder provincial, el nombre más resonante fue el de Alperovich.

A ocho años de ese fallo, tres de las personas investigadas admitieron su responsabilidad en los delitos que les atribuyeron y accedieron a juicios abreviados.

El primero de ellos fue Jorge Hernán Jiménez, quien era un amigo cercano de Soto y quedó detenido en marzo de 2018 por falso testimonio. Luego de que se llevara a cabo una investigación en su contra, en marzo de 2025, la defensa, también representada por Zelarayán, accedió al juicio abreviado. Así, fue condenado a cumplir una pena de dos años de prisión condicional.

En julio de ese mismo año, el ex subjefe de la Unidad Regional Norte, Vicente Francisco Picón, reconoció su responsabilidad de haber sido “autor voluntario y responsable del delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública”. Por esto, solo le dieron dos años de prisión condicional.

Por último, el ex jefe de Inteligencia, Fernando Rodolfo Maruf, también fue condenado por el delito de “encubrimiento agravado, en perjuicio de la administración pública”. No obstante, recibió una pena de tres años de prisión condicional y le ordenaron realizar un curso en Derechos Humanos y otro en Violencia de Género.

Los hechos

El lunes 27 de febrero de 2006, LV12 difundía la noticia de la desaparición de una chica de 23 años. Se trataba de Paulina Lebbos, estudiante de periodismo y mamá de una nena de 5 años.

En la madrugada del domingo 26, Paulina había salido de uno de los boliches de la zona de El Abasto, en San Miguel de Tucumán junto a su amiga y compañera de estudios, Virginia Mercado.

Según Mercado, subieron a un remis, un Fiat Duna bordó. Mercado se bajó primero y Paulina siguió viaje hasta el departamento de César Soto, papá de su hija, donde, según Soto, nunca llegó. Fue la última vez que la vieron con vida.

Doce días después, el 11 de marzo, apareció muerta a la vera de la ruta 341, en la localidad de Tapia, Tucumán.

Su nombre, a 20 años del crimen, es un emblema de lucha pero también un ejemplo de impunidad. El hecho marcó a la provincia de Tucumán gobernada en aquel tiempo por José Jorge Alperovich, hoy con prisión domiciliaria por haber abusado sexualmente de su asesora y sobrina.

En estas dos décadas, se crearon normativas y disposiciones controversiales (algunas ya no existen), se realizaron 1.500 marchas, hubo tres juicios por encubrimiento y un juicio abreviado por falso testimonio de Virgina Mercado. Pero hasta la fecha no se encontró al femicida de Paulina.

“Este caso empezó como suelen empezar todos los casos de personas desaparecidas: uno está atento a lo que a lo que puede ocurrir, aunque en un primer momento no se le da mucha importancia”, recuerda Gustavo Rodríguez, periodista de policiales de La Gaceta, uno de los trabajadores de prensa que cubrió las noticias del crimen.

“Tuvo una atención particular porque era hija de Alberto Lebbos, en ese entonces subsecretario de Juventud en el gobierno de Alperovich. Además, su desaparición fue en un boliche de la zona del Abasto, que en esa época era el centro de la movida nocturna tucumana”, agrega Rodríguez.

Había algunas aristas especiales, destaca, además de ser la hija de un funcionario, era una estudiante universitaria y madre de una pequeña niña. El femicidio de Paulina (6 años antes de que se incorporara la figura de femicidio en el Código Penal) dejó al descubierto una red de impunidad en Tucumán que tenía su epicentro en el poder político.

Cuando se halló el cuerpo de Paulina, los policías se atribuyeron el hallazgo. Ese mismo día, su papá, supo que en realidad la habían encontrado dos trabajadores de la zona. Siete años después, se juzgó a los tres policías que obstaculizaron la búsqueda y fueron acusados de plantar pruebas. Hoy están libres.

En 2018 (12 años después del crimen) durante un nuevo juicio, fueron condenados el exsecretario de seguridad, Eduardo Di Lella, al exjefe de la Policía, Hugo Sánchez y cuatro oficiales de alto rango.

En 2021, fue condenado por incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado el exfiscal de la causa, Carlos Albaca quien estuvo a cargo de la investigación los primeros años. “En los juicios y en algunos informes nos dimos cuenta del nivel de encubrimiento que había. Porque no se tenía acceso al expediente. El exfiscal Carlos Albaca, que después fue condenado, no permitía tener acceso a los expedientes”, cuenta Rodríguez.

“En el tiempo de Alperovich era prácticamente imposible avanzar en algunas cosas. En 2006 no teníamos las pruebas, pero nos dábamos cuenta de que en Tucumán había cosas importantes que estaban sucediendo y que estaban muy bien tapadas”, recordó.

El rumor de la participación de los “hijos del poder” siempre rondó el caso. En algún momento, se apuntó a un hijo de Alperovich aunque nunca se probó nada. Caso diferente fue el de Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, ex secretario privado de Alperovich quien en marzo, irá a juicio junto a César Soto.

“Se descartó una línea que ahora empieza a cobrar fuerza, a 20 años, no se investigó la línea narco y las relaciones de Soto con la barra de uno de los clubes más importantes de Tucumán. Son varias las cosas que dan a entender que una línea narco pudo existir en esta causa y que puede haber sido la razón para que se montara tamaña red de encubrimiento. Es muy poco probable que un fiscal, jefe y subjefe de policía, un funcionario, un secretario de seguridad y otros jerarcas policiales hayan decidido encubrir a Soto”, explica Rodríguez y agrega que siempre hubo un secretismo muy llamativo en la justicia tucumana para no informar sobre el expediente.