De un Gobierno que, en menos de 2 años, ejerció índices de violencia e intentos de censura récord en contra de la prensa, no debe extrañar que también proponga eliminar todos sus derechos adquiridos. En el marco de la reforma laboral que buscará sancionar en menos de 20 días, Javier Milei impulsará -según el borrador difundido esta semana- la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una norma que protege a los trabajadores del sector ante la arbitrariedad y las presiones de los poderosos.

La institución que regula la actividad del periodismo esta vigente desde hace 80 años. Dicho estatuto establece los parámetros para el ejercicio de la profesión e intenta proteger la tarea de los trabajadores de prensa. La propuesta de derogación, que ahora se cristalizará como parte de una reforma laboral integral, estuvo a cargo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y fue enunciada en julio pasado en el ámbito de las deliberaciones del Consejo de Mayo.

Su anexión a esta nueva aberración jurídica exhibe la sintonía vigente entre la administración libertaria y los dueños de los principales medios de comunicación, históricamente opuestos a la vigencia de la norma. Se trata de empresarios que anhelan no tener ningún tipo de límites para su ambición (de hecho, tienen muy pocos) y que están acostumbrados a manipular dirigentes políticos, tanto oficialistas como opositores. Son actores políticos y económicos con gran poder de influir en los procesos democráticos, y cuyos objetivos distan mucho de aspirar a ser faros de verdad e información democrática. Sus ámbitos de negocios son bastante extensos y el éxito, para ellos, no se mide en las finanzas de sus empresas periodísticas sino en la ganancia política que generan. Por suerte para Milei, sus intereses, muchas veces, coinciden con el planteo libertario.

Sin Estatuto, la ética profesional será definitivamente reemplazada por la línea editorial

El Estatuto del Periodista Profesional fue creado en marzo de 1944 por el entonces secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, en el mandato de Edelmiro Farrell, y ratificado por la ley 12.908 dos años y medio después. Además de fijar los mecanismos de matriculación de los trabajadores, establece la duración de las jornadas laborales, los descansos y las vacaciones, las categorías profesionales y sus regímenes salariales, y los mecanismos de ingreso. Pero el punto históricamente más cuestionado por las patronales es el de “Estabilidad”.

“La estabilidad del periodista profesional, cualquiera sea su denominación y jerarquía, es base esencial de esta ley, siempre que no estuviera en condiciones de obtener jubilación completa y salvo las causas contempladas en la misma”, señala la introducción de ese capítulo, que más adelante otorga como garantía de esa "estabilidad" el pago de una indemnización adicional de 6 salarios ante un despido sin causa, entre otros derechos. 

De este modo, en caso de producirse un despido sin causa el artículo 43 del Estatuto obliga al empleador del trabajador de prensa a preavisar con uno o dos meses (de acuerdo a los años de trabajo) de anticipación; a pagarle “una indemnización sustitutiva equivalente a dos o cuatro meses de retribución (según sea la antigüedad)” y “de un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses” ante una cesantía injustificada, a la que se suma la indemnización especial antes mencionada. Junto a la prohibición de discriminar para el ingreso o utilizar como causal de despido la adhesión del periodista a un sindicato o partido político, forman un escudo que protege frente a posibles pretensiones patronales de obligar al trabajador a actuar en contra de su ética profesional, sus ideas o sus creencias.

"El periodismo es libre o es una farsa"

La famosa frase atribuida al célebre Rodolfo Walsh resume a la perfección las tensiones constantes por las que atraviesa el periodismo, tensiones que se multiplican en la era de la IA, las fake news, la crisis económica, el pseudoperiodismo militante y la pérdida de fidelidad de las audiencias. Se trata de una profesión inherentemente sujeta a presiones de los poderes políticos y económicos. Y como es sabido, algunos "periodistas" sucumben a estas presiones (algunas veces solo se requiere de la aparición del algún sobre) y se convierten en voceros del poder; en soldados en una batalla por controlar la narrativa. Pero los que no, aquellos realmente comprometidos con la construcción de una ciudadanía responsable e informada, necesitan de normas que les permitan "incomodar" sin ser perseguidos, informar sin ser censurados y defender ideas y principios sin morirse de hambre.

No es casual que estos últimos hayan sido blanco de ataques constantes por parte del presidente Javier Milei y su gabinete, mientras que con los primeros el mandatario se junta a ver cine en la Quinta de Olivos. Así, mientras periodistas críticos se quedaron sin trabajo, fueron reprimidos en cada cobertura callejera o bien, debieron enfrentar denuncias judiciales, quienes se pusieron al servicio del relato oficial llegaron a ser ovacionados por la hinchada libertaria.

Porque manejar el guión de la discusión pública es todo para quien debe su presidencia a la conquista del relato nacional. Para ello, se acude una y otra vez a un manual que no por añoso y simple, deja de ser efectivo. El mismo expresa que para controlar la narrativa se debe individualizar a todos los adversarios en un único enemigo (la casta) y se debe cargar sobre sus espaldas los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque (defienden sus privilegios; quieren destruir el país; romper el equilibrio fiscal, etc); apelando a la emotividad, antes que a la razón, y a la repetición de ideas y conceptos simples, aunque estos formen parte de una mentira. “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”, defendía el jefe de propaganda nazi, Joseph Goebbels. 

Pero mientras haya quienes combatan la mentira con verdad, habrá resistencia. Entonces, simplificar las formas de despido y despojar de sus protecciones legales a los periodistas es parte ineludible de una estrategia para disciplinar a la prensa no sometida, objetivo por el cual el Gobierno viene desplegando una larga lista de herramientas. 

Disciplina para la prensa, sometimiento para el pueblo

El ejercicio del periodismo independiente es fundamental para la vida democrática de un país y, por lo tanto, es el primer blanco a destruir por los regímenes autoritarios, dictatoriales, despóticos o totalitarios. La forma en la que las personas en el poder se vinculan con la prensa refleja sus verdaderas intenciones. Los gobiernos que fomentan la libertad de informar y, por extensión, garantizan el derecho de la sociedad de estar informada, son por lo general gobiernos transparentes, cercanos a sus pueblos, críticos de sí mismos y respetuosos de las instituciones. Por el contrario, aquellos que hacen de la censura, la agresión constante y la descalificación su modus operandi, proponen modelos opacos que responden a intereses de grupos minoritarios pero poderosos.

Los primeros son una utopía; de los segundos, abundan en todo el mundo y provienen de todos los colores políticos. En ellos, es frecuente que el pedido de obediencia debida hacia todos los integrantes del partido gobernante se externalice hacia el resto de la sociedad a través del dominio de la conversación pública, la represión y el miedo. La estrategia es clara: acallar la crítica para dominar a las masas y eliminar cualquier capacidad de razonamiento en contrario.

La eliminación del Estatuto es solo un paso más (uno fundamental) en el camino a la concreción de ese sueño húmedo que tiene todo proyecto autoritario. Para terminar de desandar ese camino, se necesita de periodistas empobrecidos, derrotados, que ya no tengan recursos para resistir a los adversarios de la prensa, los pregoneros de la desinformación y la propaganda. La independencia periodística es una condición vital para garantizar una información libre, fiable y al servicio del interés general. El camino contrario nos lleva a la regresión democrática y pone en riesgo instituciones que a la sociedad argentina le tomó décadas construir. Sin periodistas independientes, no hay sociedad informada. Y cuando la mentira y la propaganda no encuentran resistencia, se torna díficil sostener una democracia.