En el marco de una causa donde se investiga el traslado de presos para realizar trabajos de albañilería en domicilios particulares (perteneciendo uno de ellos al ex jefe de la Unidad Regional Norte), el Ministerio Fiscal acusó al segundo jefe de la URN, Sergio Marcelo Juárez (51) y al suboficial Walter Frías (48).
En representación de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, subrogada por José Sanjuán, el auxiliar de fiscal, Federico Lizarraga, les endilgó el delito de encubrimiento. En tanto, a Frías se le sumó también el delito de falsificación de instrumento público, en perjuicio de administración y de la fe pública.
“Durante al menos tres meses detenidos condenados estuvieron alojados en la Unidad Regional Norte (donde no existe arresto) y trabajando a la vista de todo el personal, recibiendo incluso visitas de familiares. En ese contexto, realizaron refacciones en domicilios particulares como ser tapias completas, estructuras metálicas, antebaño y construcción de sanitarios. No se trató de un hecho aislado sino que, ocurrió delante de todos los miembros policiales de la URN”, detalló el Auxiliar de Fiscal durante la formulación de cargos.
Sobre la estructura montada dijo: “En la URN se montó un sistema estable y prolongado en el tiempo de utilización de detenidos condenados como mano de obra para beneficiar particularmente a los funcionarios policiales de la plana mayor. Este sistema tenía tres pilares: un alojamiento clandestino de los penados en la URN, el uso de un móvil en el que eran trasladados a las casas particulares a trabajar, la falsificación y el silencio funcional de todos los empleados".
Agregó que "el rol de Frías no fue el de un mero empleado distraído fue el oficial de guardia encargado del libro que ese día consignó un traslado falso (hacía la comisaría de Chuscha) para dar una cobertura administrativa a la maniobra y evitar cualquier tipo de control posterior que detectara el uso del móvil y de los detenidos para estos fines privados. Su conducta encuadra en la falsificación ideológica de instrumento público y de encubrimiento agravado como autor. Por su parte, Juárez como segundo jefe de la URN aparece mencionado desde el origen de los mensajes anónimos enviados al Ministro de Seguridad, siendo uno de los jefes que utilizaba detenidos para trabajos personales y que ordenaba no dejarlos asentados en los libros. Incluso sus compañeros renunciaron a sus puestos por estas presiones”.
Medidas de coerción
Como último punto, Lizarraga requirió la medida de coerción más gravosa para ambos. Seguidamente, el juez actuante resolvió otorgar la prisión preventiva para Juárez y para Frías el arresto domiciliario (con dispositivo de rastreo), ambos por tres meses.
"Se trata de personas a las cuales se les deposita la obligación de llevar adelante un control como funcionario público de las dependencias", afirmó el magistrado.
En igual sentido el Auxiliar de Fiscal agregó: “Se trata de hechos que comprometen directamente la confianza que la sociedad tiene en sus fuerzas de seguridad que suponen el uso de personas privadas de libertad como mano de obra en beneficio de superiores jerárquicos, el uso indebido de los recursos del Estado (móviles policiales, combustible y servicio del personal). La causa ya fue declarada como asunto complejo y en la misma si dictó la prisión preventiva al ex jefe Gustavo Javier Beltrán (confirmada por el tribunal de impugnación por tres meses)”.
Previamente los acusados se manifestaron y negaron los hechos atribuidos. “Niego los cargos, siempre me encontré a disposición de la Justicia. La verdad que me extraña mucho las declaraciones de los oficiales (que declararon en el marco del legajo). La estoy pasando muy mal, como imagino el resto del personal”, comentó Juárez.
Por su parte, Frías expresó: “Yo estoy encerrado entre cuatro paredes y solamente escribo lo que se ve o lo que me indican. No verifico”./MPF