Durante la audiencia, la UFI dirigida por el fiscal Diego Hevia, con la representación de la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomas, expuso de manera detallada los hechos que dieron origen a la investigación, los cuales revelan una maniobra sostenida de usurpación de título profesional, utilización de documentación apócrifa y desvío de fondos, en perjuicio de la Fundación ProYungas.

Según la investigación fiscal, entre el 15 de mayo de 2023 y el 15 de mayo de 2024, período en el cual el imputado, se encontraba contratado por la Fundación ProYungas, con domicilio en calle Perú 1180 de la ciudad de Yerba Buena, el imputado se desempeñó como coordinador de todas las actividades de gestión financiera del Proyecto “Impacto Verde”.

En ese contexto, simuló la condición de Contador Público Nacional, profesión para la cual carece de título habilitante, ejerciendo funciones propias de dicha incumbencia profesional.

Asimismo, la fiscalía sostuvo que desde el 25 de agosto de 2023 hasta el 15 de abril de 2024, siendo responsabilidad del imputado el control efectivo de los procedimientos administrativos y la presentación de la documentación necesaria para la realización de pagos, el imputado dispuso de los fondos de la Fundación y gestionó pagos del proyecto por un monto aproximado de 300.000 dólares estadounidenses.

En ese marco, utilizó un total de 13 facturas apócrifas, las cuales fueron abonadas con fondos de la Fundación, permitiendo el desvío de dinero hacia personas que no se encontraban vinculadas a la institución ni prestaron servicio alguno.

Como consecuencia de estas maniobras, se generó un perjuicio económico a la Fundación ProYungas estimado en $13.182.401,18, aproximadamente.

Pedido fiscal y resolución judicial

En atención a la gravedad de los hechos, la reiteración de las maniobras y el riesgo procesal existente, el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad, por el plazo de seis meses, con el objetivo de asegurar la sujeción del imputado al proceso y evitar entorpecimientos en la investigación.

Luego de analizar los argumentos expuestos y la prueba incorporada, la jueza interviniente resolvió hacer lugar al pedido del MPF, disponiendo la aplicación de las medidas solicitadas por el término requerido.

Los hechos fueron calificados provisoriamente como usurpación de títulos u honores, uso de documento falsificado o adulterado y estafa, todo en concurso real y en calidad de autor./MPF