Mientras el Ejecutivo nacional atribuye la demora a cuestiones administrativas, el sindicalismo denuncia la retención de fondos que provienen de aportes de los trabajadores y advierte que la tensión con la Casa Rosada sigue en aumento.

En un contexto de fuerte tensión con la Confederación General del Trabajo (CGT) por el avance de la Reforma Laboral, el Gobierno nacional mantiene una deuda cercana a los 37.000 millones de pesos con las obras sociales sindicales, correspondiente a reintegros por medicamentos y tratamientos subsidiados.

Si bien el compromiso oficial era saldar el total antes de fin de año, hasta el momento solo se abonó poco más de un tercio del monto adeudado. La deuda total asciende a unos 60.000 millones de pesos y había sido acordado en octubre pasado un esquema de cancelación en tres pagos entre ese mes y diciembre.

Sin embargo, según confirmaron fuentes oficiales a La Nación, únicamente se transfirieron alrededor de 23.000 millones de pesos, lo que generó malestar en el sindicalismo en un momento particularmente delicado de la relación con el Ejecutivo.

Desde el Gobierno explicaron que la demora se debe a la complejidad administrativa del proceso. Aseguran que los reclamos implican la revisión de unos 2,3 millones de expedientes correspondientes a distintos años, incluso anteriores a 2021, y que cada solicitud debe ser analizada de manera manual, lo que habría ralentizado los desembolsos previstos.

En la Casa Rosada niegan que la dilación esté vinculada al enfrentamiento con la CGT por la reforma laboral y sostienen que se trata de “una demanda histórica”, con deudas acumuladas desde 2019.

Según señalaron al mismo medio, el objetivo sigue siendo cancelar la totalidad de lo adeudado, aunque sin precisar fechas para la reanudación de los pagos, que se realizan “por tandas” cuando se alcanza un volumen significativo de expedientes aprobados.

El dinero para regularizar la deuda proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), financiado con aportes obligatorios que se descuentan mensualmente de los salarios de los trabajadores registrados.

Desde el gremialismo advierten que durante gestiones anteriores parte de esos fondos quedó depositada en una cuenta del Banco Nación y estiman que allí podría haber hasta 300.000 millones de pesos sin utilizar, lo que incrementa el malestar por la falta de pagos.

La demora en los desembolsos se da mientras la relación entre el Gobierno y la CGT atraviesa uno de sus momentos más tensos. En los últimos días, la central obrera se movilizó a Plaza de Mayo y frente a la Casa Rosada, con amenazas de un paro general.

La posterior postergación del debate de la reforma laboral para febrero fue leída por el sindicalismo como una oportunidad para ganar tiempo y negociar, mientras que en el oficialismo la atribuyen a dificultades políticas y parlamentarias./infogremiales.com.ar