La ley fue aprobada por el Congreso en julio pasado, pero el Gobierno la promulgó con un condicionamiento (Decreto 681). El Artículo 2 del decreto establece que la ley solo entrará en vigencia cuando se asignen las partidas presupuestarias correspondientes. En la práctica, esto mantiene la ley suspendida por falta de fondos.

El revés judicial

A raíz de un amparo presentado por la familia de dos menores con discapacidad, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictaminó el pasado 12 de diciembre:

Inconstitucionalidad: Declaró inválido el artículo del decreto que frenaba la ley.

Aplicación inmediata: Ordenó que la Ley de Emergencia se ejecute sin excusas presupuestarias.

Fundamento: El juez sostuvo que el derecho a la salud y educación de personas vulnerables prevalece sobre las restricciones fiscales y que el desfinanciamiento vulnera tratados internacionales.

La situación actual

El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, apeló el fallo alegando que causa un "agravio al Estado Nacional".

Aunque la causa pasó a la Cámara Federal de San Martín (Sala II), el juez aceptó la apelación con "efecto devolutivo". Esto significa que, mientras la Cámara decide, la orden de aplicar la ley sigue vigente.

En el Congreso, el oficialismo no logró los votos en Diputados para anular la norma y se espera un escenario similar en el Senado.

¿Qué establece la Ley 27.793?

Busca garantizar las prestaciones básicas y cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tiene vigencia hasta finales de 2026 (prorrogable por un año más) y tiene como objetivo evitar retrocesos en tratamientos y rehabilitación.