El MPF a través de la Unidad Fiscal Criminal de Feria, que conduce la doctora María del Carmen Reuter, llevó adelante este jueves una audiencia en el marco de la investigación por la organización de picadas clandestinas en la zona de Lomas de Tafí.

En la misma, se imputó formalmente a un joven de 24 años como el principal responsable de la convocatoria masiva de motociclistas que puso en riesgo la seguridad pública a fines del año pasado.

El hecho había tomado estado público con la difusión de imágenes del evento que concentró a cientos de motocicletas en la zona donde hay una pista de skate y donde realizaron piruetas, carreras ilegales y circularon a alta velocidad por lugares no habilitados, generando ruidos molestos y poniendo en riesgo a terceros.

Durante el acto procesal, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomas, siguiendo las directivas de la titular de la UFI interviniente, solicitó en primera instancia la legalidad de la detención del acusado. La misma se hizo efectiva ayer, miércoles 7 de enero, en el marco de un pedido de captura ordenado en su contra y luego de que no fuera hallado en diferentes allanamientos concretados en dos domicilios donde sí se pudo secuestrar dispositivos electrónicos que son de interés para la causa.

Posteriormente, procedió a realizar la formulación de cargos, detallando que, en los días previos al 27 de diciembre de 2025, el imputado utilizó su perfil de Facebook denominado “Acelerala a fondo Tuc 2” para organizar una reunión masiva de motociclistas, fijando como punto de encuentro una estación de servicio en El Manantial.

Según la acusación, el 27 de diciembre, alrededor de la 01:00 horas, el joven participó activamente en pruebas de velocidad y destreza en la intersección de las avenidas Raúl Alfonsín y Francisco Jaldo de Lomas de Tafí. Allí, una multitud de motocicletas (previamente convocadas por él) realizaron maniobras peligrosas y carreras ilegales, perturbando la tranquilidad de los vecinos y generando un peligro concreto para la vida de los presentes y de terceros.

Calificación y riesgos procesales

La Fiscalía calificó provisoriamente el hecho como organización o promoción de una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor realizada sin la debida autorización de la autoridad competente.

Al momento de solicitar las medidas de coerción, la representante del MPF requirió la prisión preventiva por el plazo de siete días, argumentando la necesidad de cautelar el proceso para avanzar con más pruebas e identificar posibles cómplices.

"Observamos en el acusado una clara conducta temeraria que implica un grave riesgo para sí y para terceros. Estos espacios no están habilitados para dicha actividad, representando un peligro evidente para la seguridad de la zona", fundamentó Briz Tomas.

Tras escuchar los planteos, el juez interviniente no hizo lugar a la prisión preventiva, pero dispuso el arresto domiciliario con dispositivo electrónico (pulsera) para el imputado.

Asimismo, se le impuso una caución económica de $3.000.000 como condición para garantizar su sujeción al proceso judicial mientras continúa la investigación penal./MPF