En un clima de debate intenso, la Legislatura de Tucumán, bajo la presidencia de Miguel Acevedo, dio luz verde este lunes a dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el gobernador Osvaldo Jaldo. Las medidas forman parte del paquete de ajuste y optimización de recursos que el Ejecutivo considera vitales ante la actual crisis económica.

Freno a las designaciones por dos años

El primer decreto ratificado (Nº 11/3) impone una prohibición estricta de nuevas designaciones y contrataciones en la administración pública provincial, organismos descentralizados y entes autárquicos.

Plazo: La medida rige desde el 1 de enero de 2026 hasta finales de 2027.

Excepciones: Solo se permitirán ingresos en áreas críticas y debidamente justificadas.

 Movilidad: El decreto faculta al Estado a reasignar personal entre dependencias para cubrir baches operativos sin alterar cargos ni sueldos.

 Flexibilidad para proveedores del Estado

El segundo DNU (Nº 1/3) apunta a desburocratizar las compras públicas. Hasta el 31 de diciembre de 2026, los proveedores estatales estarán eximidos de presentar el Certificado de Cumplimiento Fiscal para participar en licitaciones y ofertas. Según el fundamento oficial, la intención es evitar que la carga impositiva y administrativa desincentive a las empresas en un contexto de alta volatilidad económica, garantizando así el abastecimiento de bienes y servicios.