El Gobernador de Salta, sacudió la agenda política provincial al firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que obliga a todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— a someterse a exámenes toxicológicos obligatorios.

 La medida, que también alcanza a los municipios, surge como una respuesta directa tras el fracaso de un proyecto similar en la Legislatura provincial. Para Sáenz, la iniciativa no admite grises: “Es un acto de transparencia ante la sociedad”, afirmó el mandatario, subrayando que busca garantizar la idoneidad y la independencia de quienes toman decisiones públicas.

Controles sorpresa y tolerancia cero

El decreto detalla que los operativos serán sorpresivos y se realizarán mediante test rápidos homologados. El objetivo es detectar la presencia de metabolitos de sustancias como: Cocaína y anfetaminas, marihuana (cannabinoides) y opioides.

En caso de un resultado positivo, el protocolo establece un análisis confirmatorio en laboratorios habilitados, respetando siempre la cadena de custodia y el derecho a una contraprueba para garantizar la defensa del involucrado.

Las consecuencias: de la destitución al juicio político

El impacto del DNU varía según la jerarquía y el modo de acceso al cargo:

Funcionarios designados: El positivo será causa de destitución directa.

Funcionarios electos y magistrados: Un resultado confirmado activará automáticamente los mecanismos constitucionales de remoción, tales como el juicio político o el jurado de enjuiciamiento.

 "Buscamos asegurar que los cargos públicos sean ocupados por personas libres de adicciones que puedan afectar su objetividad", señaló Matilde López Morillo, secretaria general de la Gobernación.

Tendencia federal

Con esta normativa, Salta se suma al camino iniciado por otras provincias. San Luis implementó medidas similares en 2025, seguida por Santa Fe en 2026, mientras que Córdoba ya exige certificados negativos de consumo desde 2023 para sus altos mandos.