A continuación, los puntos centrales de su análisis:

Incidencia mínima: Vallino sostiene que, según datos estadísticos, la participación de adolescentes en delitos graves es "ínfima" en comparación con los adultos. La mayoría de los delitos cometidos por jóvenes son contra la propiedad (robos o hurtos) y no justifican una reforma del sistema de seguridad general.

Sin garantías de seguridad: afirma además que no hay pruebas de que bajar la edad de imputabilidad mejore la seguridad. Al contrario, experiencias en otros países sugieren que ingresar al sistema penal a edades más tempranas puede "perfeccionar" carreras criminales y aumentar la violencia.

Contexto de pobreza: la abogada destaca que la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley penal provienen de sectores vulnerables donde sus derechos (educación, salud, vivienda) han sido vulnerados sistemáticamente antes de cometer un delito.

Prevención antes que castigo: ANDHES propone que la solución real reside en la prevención y en garantizar un proyecto de vida a los jóvenes, más que en el castigo punitivo. El enfoque debería ser socioeducativo para permitir la reinserción en la comunidad.

Deuda democrática y estándares internacionales

Régimen de la dictadura: Vallino señala que el sistema penal juvenil actual data de la última dictadura militar y es una "deuda de la democracia" generar un régimen especializado que garantice el debido proceso y la protección especial que merecen los menores.

Presión internacional: organismos internacionales de derechos humanos han instado a Argentina a mantener la edad mínima de responsabilidad penal y a no retroceder en los estándares ya alcanzados.

Distracción de agenda: la directora de ANDHES sugiere que estos debates suelen instalarse mediáticamente para "tapar" otros temas complejos de la agenda legislativa, como reformas laborales o el manejo de recursos naturales.

Cultura de la violencia: observa que los discursos violentos provenientes de altos mandos del Estado se reflejan en la sociedad y en el mundo digital, creando un círculo de violencia que no se resuelve con medidas más punitivas.

La entrevista concluye con un llamado a la empatía y a la responsabilidad de los legisladores para abordar el conflicto desde la educación y el respeto a la dignidad humana, evitando la estigmatización de la juventud.