La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal está a cargo de la investigación, la que por un hecho de usurpación parcial mediando violencia en concurso ideal con desobediencia a la autoridad, imputó a dos mujeres jubiladas en una audiencia realizada a instancias del Ministerio Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, que conduce el fiscal Fernando Blanno.

La acusación fue formulada por la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, siguiendo delegaciones del titular.

Según la Fiscalía, el 3 de enero de 2026, las imputadas, junto a otros familiares y previo acuerdo de voluntades y división de tareas, ingresaron al patio frontal de un inmueble ubicado sobre avenida Julio del Moral, en San Pedro de Colalao, el cual era poseído por sus legítimos tenedores desde el año 2000.

Una vez en el lugar, habrían intentado acceder al interior de la vivienda mediante la rotura de una puerta de madera y una ventana, produciéndose además agresiones físicas contra una de las personas que se encontraba dentro del domicilio, quien debió trabar el acceso con un freezer y solicitar la presencia policial para impedir el ingreso.

La representante del Ministerio Público indicó que, pese a la intervención policial, las acusadas no se retiraron y desde entonces ocuparon sin autorización un sector de la galería del inmueble, donde instalaron colchones, mobiliario y pertenencias personales, impidiendo el ingreso por la puerta frontal y generando un despojo parcial de la posesión sobre esa parte de la vivienda.

Asimismo, la investigadora remarcó que las imputadas habrían actuado en abierta desobediencia a órdenes judiciales previas dictadas por una magistrada del fuero civil, mediante sentencias de amparo a la simple tenencia emitidas en 2024 y 2025, en las que se les ordenaba abstenerse de realizar actos de turbación o despojo y canalizar cualquier reclamo por las vías legales correspondientes.

Durante la audiencia, la jueza interviniente ordenó además la restitución del inmueble a sus poseedores y fijó una caución real por la suma de $3.000.000, junto con medidas de coerción de menor intensidad (no privativas de libertad) por el plazo de seis meses, orientadas a evitar nuevos conflictos y garantizar el normal desarrollo del proceso./MPF