La política de ajuste extremo del Gobierno Nacional ha encontrado en los jubilados y en las farmacias de barrio sus víctimas más visibles. Verónica Pastoriza, titular del Colegio de Farmacéuticos de Tucumán, advirtió sobre la gravedad de la deuda que el PAMI mantiene con el sector, lo que genera una asfixia financiera sin precedentes. Según la dirigente, aunque hubo pagos parciales recientes, el atraso sigue siendo crítico y afecta la cadena de reposición de medicamentos esenciales. Esta situación coloca a los profesionales en una encrucijada moral y económica, donde deben sostener el servicio sin contar con los recursos básicos. La insensibilidad del Ejecutivo nacional se traduce en un desabastecimiento latente que golpea al sector más vulnerable de nuestra sociedad.
Para las farmacias tucumanas, la realidad económica es insostenible debido a la distorsión entre los tiempos de pago y las obligaciones impositivas. Pastoriza explicó que el sector debe tributar y emitir el ticket de venta al momento de la dispensa, pero el cobro efectivo por parte del Estado llega 60 o 90 días después. En este esquema, el farmacéutico termina financiando al Estado con su propio capital mientras debe afrontar el pago de alquileres, sueldos y cargas sociales de forma inmediata. Esta contradicción impositiva vacía las cuentas de las farmacias pequeñas, que no tienen la espalda financiera de las grandes corporaciones. “Nosotros tenemos que seguir cumplimentando el pago de alquileres, sueldos ... y pagar la droga”, sentenció la profesional en la entrevista.
El modelo de gestión nacional parece ignorar que el medicamento es un bien social y no una simple mercancía sujeta a la especulación. Al demorar los pagos, el Gobierno rompe el eslabón de reposición, provocando que muchas droguerías cierren las cuentas de las farmacias locales por falta de pago. Este bloqueo comercial impide que los jubilados accedan a sus tratamientos para patologías crónicas como la diabetes o la hipertensión, que son las de mayor consumo. La asfixia no es solo financiera; es una forma de violencia institucional que desprotege a quienes más necesitan del acompañamiento estatal en su vejez. La falta de respuestas oficiales ante este escenario de crisis profundiza el malestar en toda la comunidad farmacéutica de la provincia.
Las farmacias medianas y chicas son las que enfrentan el panorama más desolador, viéndose obligadas a endeudarse para no cortar el servicio a sus vecinos. Pastoriza destacó que, a diferencia de las grandes cadenas, la farmacia de barrio mantiene un vínculo afectivo y de confianza con el jubilado que la corporación no comprende. Sin embargo, ese compromiso humano hoy choca contra la realidad de cuentas bancarias en rojo y la imposibilidad de reponer el stock básico para la atención diaria. El Estado nacional, al desentenderse de sus obligaciones financieras, promueve indirectamente una concentración del mercado que termina destruyendo al comercio local tucumano. “Las farmacias medianas y chicas la verdad que nos vemos en una encrucijada y complicadas”, destacó la titular del Colegio.
El impacto tributario es, quizás, el punto más injusto del sistema actual de prestaciones para los afiliados del PAMI en la provincia. Mientras el profesional farmacéutico tributa sobre una venta realizada, la inflación devora el valor de ese dinero durante los meses que tarda el organismo en pagar. Esta pérdida del poder adquisitivo del sector salud es una transferencia directa de recursos desde los trabajadores hacia las arcas fiscales que el gobierno ostenta como superávit. Resulta inadmisible que se exija cumplimiento impositivo riguroso a quienes están sosteniendo, con su propio bolsillo, la salud pública que el Estado abandona. La política de asfixia financiera parece diseñada para que solo sobrevivan los actores más concentrados del sistema sanitario nacional.
Finalmente, el llamado de atención del Colegio de Farmacéuticos es un grito de alerta ante una tragedia social evitable si existiera voluntad política. La salud de los 5 millones de afiliados al PAMI no puede quedar supeditada a las planillas de cálculo de un ministerio que ignora el territorio. En Tucumán, las 700 farmacias que garantizan la llegada del medicamento a cada pueblo exigen una normalización urgente de los pagos para evitar cierres masivos. Si el diálogo nacional no arroja soluciones concretas, el costo lo pagará, una vez más, el abuelo que no podrá retirar su medicación. La insensibilidad del gobierno ha convertido un derecho constitucional en una carrera de obstáculos que los trabajadores del sector ya no pueden financiar.