El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) inició una etapa de transformación profunda con el objetivo de transparentar la adjudicación de hogares. Tras lograr la reactivación total de 2300 viviendas paralizadas, la gestión se enfoca ahora en un sistema que prioriza la necesidad real del trabajador tucumano. “El balance es positivo pudimos cumplir con las metas que nos había pedido el gobernador cuando asumí”, destacó Hugo Cabral sobre su primer año de gestión. El funcionario remarcó que el acceso a la casa propia debe ser un derecho protegido frente a cualquier tipo de especulación financiera.
La gran novedad para los trabajadores es la implementación de la modalidad de alquiler con opción a compra para los futuros barrios. Este sistema permite a las familias ingresar a la propiedad pagando un canon mensual que, luego de cinco años, se reconoce como capital inicial. Se trata de una oportunidad histórica para que el trabajador formalice su situación habitacional sin la presión de un pago total inmediato. “Lo que ha pagado se le va a reconocer como parte del precio de la casa y el saldo lo va a pagar en cuotas”, explicó.
En cuanto al financiamiento, se creó la Unidad de Valor de Vivienda Tucumán (UVT), un indicador que se ajustará según el costo real de la construcción. Si bien el objetivo es que el sistema sea sustentable para seguir construyendo, existe una preocupación por el impacto de esta actualización en los salarios. El IPV asegura que el pago se segmentará según los ingresos de cada familia, buscando un equilibrio que no asfixie el bolsillo. “Algunos pagarán 250 VT y otros pagarán 50 VT si están en una situación de muy bajo recurso”, detalló el funcionario.
Uno de los ejes centrales de la nueva política es la lucha frontal contra quienes mantienen viviendas sociales vacías o las destinan al alquiler comercial. La idea es que cada casa entregada cumpla su función de hogar para una familia trabajadora. El IPV endurecerá los controles para recuperar inmediatamente aquellas unidades que no estén siendo ocupadas por sus adjudicatarios originales. “El que está con la casa vacía, no hay excusa, es porque no la necesita”, sentenció Cabral con firmeza sobre las futuras fiscalizaciones.
Finalmente, el organismo apunta a que el recupero del capital invertido permita resolver el histórico déficit habitacional que arrastra la provincia de Tucumán. Se espera que el flujo de fondos sea cíclico, permitiendo que el pago de uno financie el techo de otro. La meta es clara: transformar al IPV en un ente autosustentable que garantice dignidad y estabilidad para los sectores populares. “Si esto lo hubiésemos hecho hace 15 años hoy podríamos tener el doble de FONAVI”, concluyó el titular del instituto provincial.