El proyecto busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en esas áreas y reemplazarla por una serie de evaluaciones, caso por caso, que habilitarían la intervención de empresas mineras en glaciares y ambientes periglaciales.El tema es motivo de debate en el Senado Nacional ante la férrea resistencia de organizaciones en defensa del medio ambiente.

Además, la iniciativa oficial plantea una reducción del Inventario Nacional de Glaciares, que lo limitaría únicamente a sectores considerados de carácter estratégico para la reserva de agua, lo que dejaría numerosas zonas sin protección legal.

El Poder Ejecutivo argumenta que la reforma permitiría un desarrollo minero que actualmente estaría vedado en la ley vigente (26.639). Paralelamente, organizaciones ambientalistas como Greenpeace manifestaron su rechazo por el posible uso de sustancias químicas y riesgos que provocarían la contaminación del agua potable.

Estas agrupaciones advierten que la aprobación implicaría una destrucción irreversible de glaciares, pondría en riesgo la principal fuente de agua dulce y afectaría, además, la regulación de cuencas y los servicios ecosistémicos vinculados al ciclo hídrico.

El trasfondo político de la votación

El oficialismo busca alcanzar una mayoría que podría incluir apoyos de bloques provinciales y algunos votos del peronismo, pese a resistencias internas. Las negociaciones se centran en las competencias provinciales y en la redacción final del articulado, con el antecedente de cambios de último momento similares a los que ocurrieron en otros debates legislativos recientes.

La conclusión técnica del análisis es que la adecuación implica un giro conceptual: pasar de un modelo de exclusión territorial automática a uno basado en la gestión del impacto real sobre el recurso hídrico. Para el sector productivo, el nuevo esquema permitiría avanzar con proyectos en áreas que no cumplen funciones hídricas estratégicas.

Para sectores ambientalistas, en cambio, el cambio podría implicar riesgos para la resiliencia de las reservas de agua frente al cambio climático.

En definitiva, la decisión del Senado no solo redefinirá el alcance de la protección de glaciares, sino que también marcará un punto de inflexión en la relación entre política ambiental, federalismo y desarrollo minero en la Argentina.