Este lunes se llevó a cabo una audiencia en la que se resolvió conceder la suspensión de juicio a prueba a un sujeto imputado por el delito de uso de documento falso o adulterado en concurso real, en perjuicio de la fe pública.
La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego López Ávila, y en esta audiencia fue representado por la auxiliar de fiscal Emely Rafael.
Desde el Ministerio Fiscal se remarcó que este tipo de salidas alternativas permiten encauzar el conflicto penal mediante compromisos concretos del imputado, priorizando la responsabilidad asumida y la reparación social.
Maniobras para justificar inasistencias
Según la acusación, el imputado, quien se desempeña como preceptor en el Hogar de Niños y Niñas Casa de Hermanos, en Yerba Buena, utilizó en tres oportunidades certificados médicos falsificados con el objetivo de justificar ausencias laborales.
El primer episodio ocurrió el 12 de junio de 2025, cuando presentó en la Oficina de Personal un certificado con membrete de la Policlínica Municipal de Tafí Viejo, donde se le indicaban 72 horas de licencia.
El documento consignaba como profesional interviniente al doctor Pablo Vallejo, especialista en Cirugía de Cabeza y Cuello, con sello y firma apócrifos.
Posteriormente, el 29 de septiembre de 2025, remitió vía WhatsApp a la jefa de Personal una imagen de otro certificado falso, esta vez con membrete del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda, fechado el 25 de septiembre de 2025 y por 48 horas de reposo, también atribuido al mismo médico.
Finalmente, el 1 de octubre de 2025 volvió a presentar un nuevo certificado apócrifo ante la institución, con sello de la Policlínica Doctor Pedro Solórzano de Tafí Viejo, igualmente fechado el 25 de septiembre y por 48 horas de licencia, repitiendo la utilización de datos y firma falsificados.
Condiciones impuestas
En el marco de la probation, el imputado deberá realizar durante un año tareas comunitarias en la Fundación “Espacio para la Libertad”, que funciona en el Centro Penitenciario de Villa Urquiza, cumpliendo tres horas semanales.
Asimismo, se comprometió a efectuar una donación de $300.000 al voluntariado “Buscando Sonrisas”, como parte de las medidas reparatorias acordadas.
Con estas condiciones, el juez interviniente dispuso la suspensión del proceso a prueba por el plazo de doce meses, quedando el cumplimiento de las reglas bajo control judicial./MPF
