La diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) presentó un proyecto este jueves para solicitar que la Comisión de Asuntos Constitucionales se aboque de manera "urgente" al tratamiento de la situación judicial del tucumano Carlos Cisneros (Unión por la Patria), involucrado en una causa sobre presunta trata de personas.

La iniciativa llega luego que el juez federal Guillermo Díaz Martínez notifique a la Cámara de Diputados sobre la situación judicial de Cisneros, llamado a indagatoria, y la "hipótesis razonable del delito de trata de personas" que maneja la fiscalía, a cargo de Rafael Vehils Ruiz. Aunque no se trata de un pedido de desafuero, en ese mismo escrito, se encomienda al Cuerpo adoptar "los fines institucionales que pudieran corresponder".

En este sentido, Lemoine presentó un proyecto de resolución para solicitar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Nicolás Mayoraz, considere "urgente" las "posibles sanciones disciplinarias y/o de desafuero" de Cisneros, "en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional en base a los delitos de trata de persona que le son imputados".

"Cabe recordar que el régimen de inmunidades parlamentarias, previsto en el artículo 69 de la Constitución Nacional, no constituye un privilegio personal de los legisladores, sino una garantía institucional destinada a preservar el normal funcionamiento del Poder Legislativo", indicó la diputada en los argumentos en relación a los fueros parlamentarios, que impiden que un diputado pueda ser arrestado.

Y añadió: "Cuando la justicia requiere la adopción de medidas procesales que puedan verse limitadas por dichas inmunidades, corresponde a esta Honorable Cámara analizar con la mayor celeridad posible la situación planteada".

El fiscal Vehils Ruiz solicitó formalmente la indagatoria del diputado nacional -quien además es referente del gremio La Bancaria tanto a nivel nacional como provincial- la abogada Patricia Neme y el empleado de la Caja Popular de Ahorros Federico Petraglia, bajo la acusación de ser partícipes de una organización criminal que utilizó a la joven que acusó en 2024 a cuatro jugadores de Vélez Sarfield por violación, quienes fueron absueltos en diciembre pasado.

De la "causa Vélez" se derivó la investigación sobre una presunta extorsión, que se habría producido con la captación de la joven, quien trabajaba en la Caja Popular de Ahorros, organismo provincial sobre el que anteriormente tuvo influencia Cisneros.

Antes de ser absuelto, uno de los jugadores de Vélez, José Florentín Bobadilla, había involucrado al diputado Cisneros en los hechos y ya había solicitado su apartamiento del cargo. "Cisneros se encuentra detrás de la denuncia realizada en mi contra y en contra de mis compañeros. El diputado habilitó sus recursos y puso en marcha su estructura criminal, aún antes de que la denuncia existiera”, acusó.

Cabe recordar que para desaforar a un diputado se requieren los dos tercios de los votos del pleno. Aún sí Cisneros mantuviera solamente el apoyo de Unión por la Patria (estimando que LLA y todo el resto de la oposición estuvieran de acuerdo en el desafuero), éste bloque tiene 93 integrantes, más de un tercio, lo que bloquearía la posibilidad -o que al menos 87 llegaran a oponerse-.