"Falsas y maliciosas": El eje del reclamo
La intimación surge a raíz de diversas intervenciones de Molinuevo el pasado 11 de marzo en medios nacionales (como La Nación+) y redes sociales. En dichas apariciones, la legisladora vinculó directamente al ministro con el episodio de violencia y afirmó que "toda la mafia tucumana está manejada por el ministro del Interior".
Desde la cartera política calificaron estas expresiones como:
Absolutamente falsas: Sin sustento fáctico.
Maliciosas: Con el fin de dañar la honra del funcionario.
Afectación institucional: Un ataque directo a la investidura del Ministerio.
El plazo de 24 horas
En la misiva legal, Monteros otorgó a la diputada un plazo perentorio de 24 horas para que cese con las imputaciones y se retracte por los mismos canales donde difundió sus dichos. De lo contrario, el ministro advirtió que iniciará acciones penales por calumnias e injurias, además de una demanda civil por daños y perjuicios.
"La crítica política es legítima en democracia, pero las acusaciones falsas y las difamaciones no pueden ser toleradas", sostiene el documento enviado por el funcionario.
Un trasfondo solidario ante la crisis
La disputa legal se produce en un contexto crítico para el sur tucumano, debido a las inundaciones que afectan precisamente a La Madrid, lugar donde ocurrió el incidente con Pelli.
En un gesto que busca dar un cierre social al conflicto, Monteros adelantó que, de prosperar una eventual indemnización civil, el dinero será donado íntegramente a las familias damnificadas por el temporal en dicha localidad.
