El proceso judicial más esperado para la reconstrucción de la memoria tucumana sufrió una nueva e inesperada postergación esta semana. Florencia Vallino Moyano, Directora Ejecutiva de ANDHES, remarcó la enorme relevancia institucional de este debate oral, subrayando que "se trata de la primera oportunidad en la que se juzgan a empresarios cómplices del terrorismo de Estado en la provincia". La firme expectativa por sentar en el banquillo a los responsables civiles convierte a este juicio en un verdadero hito histórico ineludible.
La suspensión del inicio, originalmente fijado para el pasado miércoles, responde a un repentino pedido de revisión médica para Jorge Alberto Figueroa Minetti, uno de los imputados. Para la querella, esta pausa no es un hecho aislado, sino "una dilación más que se inscribe en un proceso que ya lleva 10 años de trámite judicial". Ante esta situación reiterada, Vallino Moyano exigió que el Tribunal Oral Federal de Tucumán "arbitre todos los medios necesarios" para que el debate oral comience de manera efectiva sin más demoras.
El paso del tiempo ha sido un factor crítico y doloroso en esta megacausa, que inicialmente investigaba a seis empresarios, de los cuales tres fallecieron y otro fue apartado por su deteriorada salud. Actualmente, la causa cuenta con 68 víctimas documentadas y un volumen muy numeroso de testigos y sobrevivientes. "Resulta fundamental que efectivamente esta instancia, después de todo este recorrido histórico, finalmente suceda", insistió la abogada, destacando que las familias llevan cinco décadas aguardando firmes medidas reparatorias por parte de la justicia.
Las demoras también encuentran una explicación técnica en la compleja vacancia actual que sufre el Tribunal Oral Federal local, el cual está siendo subrogado por magistrados de otras provincias. Las juezas Farías, Giordano y el juez Lilljedahl tienen el difícil desafío de coordinar sus agendas jurisdiccionales. Pese a estas complejidades estructurales operativas, Vallino Moyano fue muy clara al respecto: "La justicia tiene que garantizar que este proceso suceda en un plazo razonable", prestando especial atención al derecho y acceso a la justicia de las víctimas.
El escenario judicial se desarrolla además en un contexto sociopolítico sumamente complejo, marcado por recientes trascendidos sobre posibles indultos a exmilitares represores impulsados por el gobierno nacional. Desde los organismos ven con alarma estas versiones de impunidad, ya que "sin duda se inscriben en un relato negacionista que viene instalando el gobierno nacional". La referente advirtió que estas narrativas oficiales intentan distorsionar deliberadamente una verdad judicial que ya ha constatado que en Argentina operó un plan sistemático de terrorismo de Estado.
Frente a este panorama adverso e incierto, la exigencia de celeridad procesal se vuelve un imperativo ético y legal innegociable para los diversos organismos de derechos humanos tucumanos. "Esperamos que la justicia argentina haga todo lo que esté a su alcance y garantice esas condiciones necesarias", sentenció Vallino Moyano. La provincia aguarda ahora que el tribunal subrogante fije de urgencia una nueva fecha inminente, asumiendo su responsabilidad institucional primaria para saldar una de las deudas más profundas del proceso democrático en nuestra región.
FICHA TÉCNICA: CAUSA INGENIO LA FRONTERITA
Importancia del debate: Primer juicio que aborda exclusivamente la responsabilidad y complicidad empresarial durante el terrorismo de Estado en la provincia de Tucumán.
Imputados actuales: Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori (originalmente eran seis los empresarios investigados desde el año 2015, pero varios de ellos obtuvieron "impunidad biológica").
Magnitud del caso: Se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 68 víctimas documentadas en el marco del denominado Operativo Independencia.
Tribunal Subrogante: Dras. Ana Karina Farías (Santiago del Estero), Cristina Giordano (Córdoba) y Dr. Enrique Lilljedahl (Catamarca).