Este martes se realizó una audiencia solicitada por la defensa técnica de Jorge Orlando Díaz (40), alias “Chicho”, con el objetivo de requerir el cese de la prisión preventiva que viene cumpliendo desde el pasado 27 de febrero —dictada por el término de tres meses— en el marco de la causa que investiga el asesinato de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el 8 de enero de este año en un basural ubicado en Manantial Sur.

Por parte del Ministerio Fiscal interviene la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo.

A Díaz se le atribuye provisoriamente el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave.

En el marco de la investigación también se encuentran privados de su libertad Felipe Sosa (50), Justina Gordillo (48) y Nicolás Augusto Navarro Flores (37). Cabe recordar que, al momento del hecho, Díaz era empleado de una de las empresas de Sosa, quien se encuentra imputado por femicidio.

Durante la audiencia, la defensa sostuvo que “al momento de fundamentar los requisitos materiales, la jueza (Isolina Apás Pérez de Nucci) no realizó una debida justificación ni identificó concretamente cuáles son los elementos de evidencia que sostienen, según ella, que Díaz participó del hecho imputado”.

En ese sentido, solicitó la revocación de la medida cautelar de mayor intensidad y que se ordene la libertad del acusado bajo reglas de conducta o, de manera subsidiaria, el arresto domiciliario.

Postura del MPF

“A entender del Ministerio Fiscal, no existen nuevas evidencias que desvinculen a Díaz de esta investigación. Incluso se ha complicado su situación”, afirmó la auxiliar de fiscal Carolina Brito. Asimismo, indicó que un testigo —quien ocupa un cargo administrativo en una de las empresas de Sosa— ubicó a Díaz como la persona que probablemente conducía la camioneta que fue vista en el domicilio de Sosa en el momento en que trasladaba una bolsa con características similares a la que luego fue hallada junto al cuerpo sin vida de Álvarez.

“No solo contamos con ese testimonio, sino también con las cámaras de seguridad —situadas en diagonal a la vivienda de Sosa— y el informe técnico de captura y digitalización, donde se observa este vehículo circulando el 7 de enero a la siesta, permaneciendo allí durante dos horas, y luego retirándose con bolsas en su interior”, precisó la representante de la Fiscalía.

“Lejos está de haberse atribuido a Díaz un encubrimiento pasivo. Por el contrario, se le endilga una participación activa inmediatamente posterior al hecho, tendiente a obstaculizar la investigación en esta causa”, consideró Brito, y agregó: “Se le atribuye haber participado activamente en conductas tales como el ocultamiento del cuerpo de Álvarez, la desaparición de su celular y la eliminación de otros rastros relativos al crimen, ya que habría limpiado el lugar del hecho”.

Rechazo

En su resolución, la jueza María Jimena Suárez señaló que la sentencia de la magistrada Apás Pérez de Nucci “ha sido correctamente fundada”.

“No debe perderse de vista que la investigación es un proceso dinámico, en el cual se produce y se recolecta evidencia. Desde esta óptica, no sólo es necesario asegurar la realización de las medidas probatorias, sino también tomar los recaudos necesarios para garantizar la efectividad de los resultados obtenidos en las mismas. Ello en virtud de que los resultados de las medidas pendientes de producción pueden permitir al órgano investigador arribar a otras evidencias en contra del acusado, que en el caso de estar en libertad —o incluso con arresto domiciliario— él mismo podría eliminar o entorpecer su hallazgo”, sostuvo.

Por consiguiente, la magistrada resolvió no hacer lugar a la impugnación interpuesta por la defensa de Díaz y, en consecuencia, confirmó la prisión preventiva ordenada en la audiencia de formulación de cargos./MPF