El Gobierno nacional avanzará desde abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los reemplazará por un sistema de vouchers de capacitación laboral, en lo que representa el cierre definitivo del esquema heredado del Potenciar Trabajo.

Según pudo saber Infobae, la decisión ya está tomada y forma parte de la hoja de ruta definida por el Ministerio de Capital Humano desde el inicio de la gestión a cargo de Sandra Pettovello.

El programa Volver al Trabajo —la reformulación del antiguo plan— dejará de pagarse y será sustituido por un esquema orientado a la formación y la inserción laboral.

Los beneficiarios comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les comunica que el plan finaliza y que podrán optar por inscribirse en el nuevo sistema de capacitación.

Fuentes oficiales confirmaron que el universo alcanzado ronda las 900 mil personas, correspondientes al segmento del programa que funcionaba como una transición hacia el empleo.

El Gobierno eliminará cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales y los sustituirá por vouchers de capacitación laboral. Así, pone fin al esquema heredado del Potenciar Trabajo.

Los beneficiarios serán notificados del cierre y podrán inscribirse en el nuevo sistema, que prioriza la formación y la inserción laboral, según informaron fuentes oficiales a este medio.

La medida marca el punto final de un proceso que comenzó al inicio del gobierno de Javier Milei, cuando el oficialismo decidió congelar el Potenciar Trabajo, eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y rediseñar la política de asistencia.

Ese programa había llegado a tener más de 1,3 millones de beneficiarios en los últimos años, al tiempo que se agravaba la crisis económica y crecían los movimientos sociales implicados en su administración.

El Gobierno había definido desde el inicio un plazo de 24 meses para sostener ese esquema. Ese período se cumple en abril y la decisión es no prorrogarlo. En su lugar, se implementará el sistema de vouchers de capacitación como nuevo eje de la política social para ese universo.

El cambio es tanto conceptual como operativo. El Gobierno dejará de otorgar transferencias mensuales generalizadas para pasar a un esquema condicionado a la formación.

Los vouchers serán asignados directamente a los beneficiarios, quienes deberán inscribirse y manifestar su voluntad de participar en el programa. A partir de ahí, podrán elegir cursos dentro de una red de centros de capacitación aún en conformación en todo el país.

El Ministerio de Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones, con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia.

Fuentes oficiales señalaron que el modelo se apoya en una experiencia piloto previa que tuvo resultados positivos. En ese esquema, el Estado aporta la infraestructura y las empresas se encargan de los contenidos, capacitadores y materiales.

A diferencia del sistema anterior, el dinero no será transferido a organizaciones ni a centros de formación, sino directamente a las personas. “El recurso va al beneficiario, que decide dónde capacitarse”, explicaron en el Gobierno.

El nuevo sistema incorpora condiciones más exigentes. Los beneficiarios deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.

La intención oficial es que el gasto público esté asociado a resultados concretos en términos de formación. El monto de los vouchers aún no está definido; según fuentes oficiales dependerá del número de inscriptos y del costo de las capacitaciones disponibles.

La modificación implica dejar atrás un esquema de ingresos garantizados para pasar a uno basado en incentivos.

Dentro del Gobierno reconocen que no todos los actuales titulares del plan optarán por el nuevo sistema. Se espera que una parte de los beneficiarios decida capacitarse, mientras que otro segmento no lo haga, ya sea por falta de interés o porque actualmente ya está trabajando en la informalidad.

En el oficialismo sostienen que el plan de $78 mil no funcionaba como un ingreso suficiente para vivir y que, en la práctica, la mayoría de los beneficiarios ya tiene alguna actividad laboral. Según esta lógica, la medida no retira personas del mercado de trabajo, sino que modifica la forma en que el Estado interviene en ese universo.