El Museo Sitio ESMA abrió sus puertas al público en 2015, después de años de debates entre funcionarios, expertos, sobrevivientes y organismos de derechos humanos. El guión del Museo se construyó en base a los juicios que se sustanciaron sobre hechos ocurridos en ese campo de concentración.

En 2023, la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo declaró patrimonio de la humanidad. En mayo del año pasado, Javier Milei firmó el decreto 344/2025 a través del cual desjerarquizó el Museo e hizo que pasara a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

Tanto el CIPDH como el Museo Sitio ESMA quedaron en manos de funcionarios vinculados al Frente Joven –un grupo cuyo eje de activismo es la oposición al matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Eran parte de las fuerzas del cielo que se encolumnan detrás del asesor Santiago Caputo.

El 17 de diciembre pasado, Fernando Vedoya, director del Museo Sitio ESMA, convocó al consejo asesor –integrado por sobrevivientes y organismos de derechos humanos– para informar que trabajaban en una propuesta de reestructuración que incluía dos partes: cambiar el guión del Museo y el video que introduce a los visitantes al recorrido.

En los papeles que Vedoya entregó había referencias a “organizaciones extremistas” –como si el proceso de activación de los ‘60 y ‘70 pudiera reducirse a la violencia política– y a “encarcelados y torturados” –como si la ESMA fuera una prisión dentro de un esquema represivo legal.

El 18 de febrero pasado, el consejo asesor informó por escrito que se oponía a los cambios porque desvirtuaba la misión del Museo. “No es aceptable una museografía que sugiera que el terrorismo de Estado fue una respuesta, una reacción o un exceso en un contexto de violencia previa. Cualquier narrativa que acerque al visitante a esa lectura contradice el mensaje que se considera valioso y ejemplar a escala universal”, sostuvieron.

Sin consultar con el consejo asesor, Vedoya introdujo cambios, como sacar las marcas que hablaban de la violencia diferencial que sufrieron las mujeres que estuvieron allí secuestradas. Por la política de despidos y vaciamiento, se redujeron los días de visita. A eso se suma que los visitantes ya no ven la puesta en la que se ven los represores que han sido condenados por crímenes en la ESMA. Esto no se debió a una orden de las nuevas autoridades sino a que simplemente se fueron rompiendo los proyectores y no los repusieron.

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y su equipo todavía no estuvieron por la ex-ESMA. Sin embargo, le dijeron a Página/12 que se suspendió lo que se estaba preparando para el Museo. A priori, sostienen que no habrá mensajes ni posicionamientos de la Subsecretaría de Derechos Humanos ni de los organismos que de ella dependen para el 24 de marzo, cuando se cumplan 50 años del último golpe de Estado.

La expectativa está puesta en lo que hará la Casa Rosada –que está en medio del vendaval ocasionado por las revelaciones en el caso $LIBRA. Por estas horas, Mahiques busca sucesor para el subsecretario Joaquín Mogaburu.

El funcionario lleva menos de tres meses en el cargo: asumió el 24 de diciembre en reemplazo de Alberto Baños, que se llevó el triste récord de haber sido el primer representante de la Argentina de tomar un estrado ante las Naciones Unidas para negar la magnitud de los crímenes de la dictadura. No es fácil que alguien quiera hacerse cargo del área de Derechos Humanos de un gobierno que hostiga a las víctimas y empatiza con los perpetradores.

La administración de La Libertad Avanza (LLA) no solo hace gala de un discurso negacionista sino que también ha provocado cambios al degradar la Secretaría de Derechos Humanos y al reducir su planta de trabajadores a menos de la mitad.

Trascendió también que Alfredo Mauricio Vitolo, que estaba a cargo del área de jurídicos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se despidió de sus colaboradores. Si bien no le pidieron la renuncia, es una dependencia en la que Mahiques quiere hacer pie. Allí no solo se dirimen cuestiones vinculadas a los tribunales nacionales sino también conflictos ante organismos internacionales.

El 24 de marzo pasado, el Gobierno anunció que había firmado un acuerdo de solución amistosa para calificar como crímenes de lesa humanidad las acciones de los grupos guerrilleros. No logró en estos meses que el acuerdo fuera homologado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)./pagina12.com.ar