En un fallo que pone la lupa sobre la vulneración de los controles sanitarios y educativos, la Justicia tucumana condenó a Brisa Rocío Fernández a la pena de cuatro años de prisión. La mujer fue hallada culpable de falsificar sistemáticamente documentación médica, sellos de instituciones públicas y firmas de profesionales de la salud durante el año 2025.

La condena, dictada bajo la modalidad de juicio abreviado, fue impulsada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Fernando Blanno y la auxiliar Daniela Briz Tomás.

Un sistema de estafa "a gran escala"

La investigación reveló que Fernández no realizaba hechos aislados, sino que mantenía una actividad organizada desde su domicilio en el barrio San Miguel. Durante un allanamiento realizado en octubre pasado, las fuerzas de seguridad quedaron sorprendidas por el volumen del material secuestrado: 22 sellos profesionales pertenecientes a médicos, odontólogos y técnicos de la salud, 3 sellos medalla de instituciones oficiales como el SIPROSA, el Hospital Avellaneda, el Ministerio de Educación y la Oficina de Trámites Ciudadanos, recetarios y documentación lista para ser completada.

Fichas escolares y diagnósticos falsos

Entre los hechos probados, se destacó que la mujer confeccionó una ficha médica de ingreso escolar para una menor, inventando datos críticos como el peso, la talla, la presión arterial y asegurando que el carnet de vacunas estaba completo, poniendo en riesgo la salud de la niña y de la comunidad educativa.

Asimismo, en septiembre de 2025, emitió un certificado médico apócrifo con el sello del Hospital Avellaneda —donde la médica cuya identidad fue usurpada ni siquiera trabajaba— para otorgar tres días de reposo por una supuesta gastroenteritis.

 “Se comprometió especialmente la fe pública, la salud de la ciudadanía y la honorabilidad de los profesionales involucrados”, remarcó la representante del Ministerio Público Fiscal.

Los detalles de la pena

Debido a que Fernández tiene a su cargo a un hijo de tres años, el juez interviniente dispuso que la condena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica. Sin embargo, se aclaró que una vez que el menor cumpla los cinco años, el Juez de Ejecución podrá revisar esta condición.

Además de la privación de la libertad, la sentencia incluye deberá pagar $1.565.500 a las víctimas, todos los bienes y sellos secuestrados serán destruidos o confiscados, no podrá molestar ni intimidar a los profesionales afectados por ningún medio y  el organismo previsional evaluará si corresponde mantener la Asignación Universal por Hijo tras la condena firme.