La reciente decisión del Ministerio de Capital Humano de dar de baja el programa "Volver al Trabajo" ha encendido las alarmas en los sectores más vulnerables del país. Esta medida afecta a cerca de 900.000 personas que, hasta hoy, contaban con un ingreso mínimo para subsistir en un contexto de inflación galopante. Laura Cibelli, referente de la UTEP, señaló que esta política representa un abandono total por parte del Estado nacional hacia quienes más lo necesitan. "Hoy el Estado nacional te está dando la espalda", sentenció la dirigente al analizar el impacto de la medida en las provincias.
La preocupación central de la organización radica en el desmantelamiento de la red de contención sociocomunitaria que sostiene a los barrios más postergados del territorio nacional. Cibelli advirtió que, sin estos ingresos, los trabajadores que cocinan y cuidan en los comedores se verán forzados a abandonar sus tareas esenciales de cuidado. "Sabemos que quien avanza es el narcotráfico rompiendo los lazos sociales y destrozando la vida de muchas familias", alertó con dureza la referente. La falta de presencia estatal en el territorio genera niveles de violencia e inseguridad que afectan directamente a la comunidad.
Al trazar un paralelo histórico, la dirigente comparó el escenario actual con la crisis estructural que atravesó la Argentina durante la década de los noventa. Recordó que, al igual que en aquel entonces, la falta de fuentes formales de empleo empuja a profesionales y trabajadores a la precarización absoluta. "Vuelvo a ver cosas muy parecidas a los 90; hoy lo que no hay es empleo ni condiciones dignas de trabajo", analizó Cibelli. Para la UTEP, la Argentina está viviendo "implosiones personales" que amenazan con transformarse en una manifestación colectiva de bronca frente al ajuste que se profundiza mes a mes.
En el caso específico de Tucumán, el impacto económico será devastador debido al elevado número de beneficiarios que dependen de este salario social para completar su economía. Se estima que 67.000 tucumanos dejarán de percibir los 78.000 pesos mensuales, lo que supone una pérdida millonaria en el flujo de consumo local. "Es un número importante que se va a cortar y que afecta la economía general de cada distrito", explicó la referente sobre el subsidio indirecto. Esta quita de fondos obligará a la provincia a buscar mecanismos de contención propios ante la inminente emergencia social.
Cibelli también buscó reivindicar el rol de los trabajadores de la economía popular, frecuentemente estigmatizados por los discursos oficiales que los reducen a la categoría de beneficiarios pasivos. Remarcó que estas personas cumplen jornadas laborales reales en unidades productivas, comedores y espacios de reciclado que el Gobierno decidió ignorar al quitar la contraprestación. "Nos hicieron planeros porque sacaron la contraprestación y atentaron contra el trabajo genuino que se venía realizando", denunció. Según la dirigente, las capacitaciones que ofrece ahora el portal de empleo estatal no cuentan con ningún tipo de remuneración.
Frente a este panorama, la UTEP prepara un plan de lucha que incluirá movilizaciones hacia las gobernaciones e intendencias para exigir respuestas claras ante la quita de recursos. La organización sostiene que los gobernadores deben explicar cómo se identificará y contendrá a las miles de familias que quedarán sin su único sustento. "Hay que salir a la calle de forma pacífica pero hay que decirle basta a estas políticas", concluyó Cibelli sobre las próximas medidas. La tensión social crece mientras los sectores productivos de la economía popular ven cómo se cierran sus polos textiles y hortícolas.
Laura Cibelli, referente de la organización, denunció que la baja del programa "Volver al Trabajo" afectará a 67.000 tucumanos. Alertó sobre una "implosión social" similar a la vivida durante la década de los 90.
