En un giro judicial de relevancia institucional, la querella liderada por Juan Grabois solicitó formalmente ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi el llamado a indagatoria del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La medida se enmarca en la denominada causa $LIBRA, que investiga presuntas irregularidades y beneficios económicos derivados del lanzamiento de dicho activo digital.

Las pruebas del peritaje

El pedido de Grabois y el abogado Nicolás Rechanik se fundamenta en los resultados del peritaje realizado sobre el teléfono de Mauricio Novelli, señalado como lobista en la operación. Según el escrito presentado, el material probatorio acreditaría:

Vínculos directos: Más de veinte llamadas y mensajes entre los hermanos Milei y Novelli en momentos clave del lanzamiento del activo en Estados Unidos.

Transferencias sospechosas: Registros de pagos millonarios que coinciden con borradores de acuerdos y reuniones oficiales.

Intermediarios: La identificación de vehículos de cobro y registros de cámaras de seguridad bancarias que comprometerían a los involucrados.

“La prueba reunida acredita que [el Presidente] negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia, las condiciones de un acuerdo por el cual recibiría contraprestaciones millonarias en criptoactivos”, afirma el escrito de la querella.

El rol de los intermediarios

Además de los mandatarios, la solicitud de indagatoria se extiende a un círculo de colaboradores y familiares de Novelli, incluyendo a su socio Manuel Terrones Godoy y al influencer Camilo Rodríguez Blanco. La querella hace especial hincapié en un registro del 1 de noviembre, donde figuraría un recordatorio de pago para "Javier" y "Kari", coincidente con un ingreso oficial de Novelli a la Casa Rosada.

Por su parte, la defensa de Mauricio Novelli —en sintonía con declaraciones del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques— solicitó la nulidad del peritaje telefónico. Argumentan que existieron: Accesos clandestinos a la información , Filtraciones deliberadas a la prensa y ruptura de la cadena de custodia del dispositivo.

El juez Martínez de Giorgi deberá ahora evaluar si hace lugar al pedido de la querella o si, por el contrario, las impugnaciones de la defensa logran frenar el avance de las indagatorias en una causa que promete sacudir el tablero político nacional.