La relación entre la provincia de Buenos Aires y el Ejecutivo Nacional alcanzó un nuevo punto crítico. Carlos Bianco, ministro de Gobierno y mano derecha de Axel Kicillof, arremetió con dureza contra el presidente Javier Milei, acusándolo de "robar" recursos que pertenecen a las arcas bonaerenses.

"Es un gobierno muy contradictorio. Dicen que está mal robar y roban", disparó Bianco, vinculando sus críticas tanto al recorte de fondos coparticipables como a la gestión de créditos en la banca pública por parte de funcionarios nacionales.

Un reclamo multimillonario: los números del conflicto

Desde La Plata sostienen que el ahogo financiero es sistemático. Según estimaciones del gobierno provincial, la deuda acumulada por Nación asciende a cifras astronómicas que comprometen el funcionamiento de la provincia más grande del país:

$15 billones: Deuda directa por fondos no transferidos.

$22 billones: Cifra total acumulada al sumar la pérdida de recaudación en los últimos dos años.

Impacto presupuestario: Este monto equivale al 50% del presupuesto anual de la provincia (estimado en 44 billones para este ejercicio).

La molestia de Kicillof se intensificó tras conocerse que el Gobierno Nacional reactivó los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) repartiendo $47.000 millones, y dispuso anticipos financieros por $400.000 millones para 12 provincias, excluyendo nuevamente a Buenos Aires de ambos beneficios.

La batalla judicial llega a la Corte

Ante lo que consideran un incumplimiento unilateral de pactos federales, la Provincia presentó su octava demanda contra el Estado Nacional ante la Corte Suprema de Justicia.

En esta oportunidad, el reclamo se centra en el Consenso Fiscal 2017 y el convenio de 2023. La provincia exige:

Una medida cautelar para frenar el perjuicio financiero actual.

El recupero de $1,13 billones (más intereses) por diferencias en el Fondo del Conurbano.

“Nación no puede modificar ni incumplir los acuerdos fiscales de forma unilateral”, advirtieron desde la Fiscalía de Estado provincial, respaldándose en informes de la Comisión Federal de Impuestos.

Mientras el Gobierno Nacional prioriza el auxilio financiero a provincias aliadas (y casos excepcionales como La Rioja y Tierra del Fuego), el gabinete de Kicillof endurece su discurso, calificando la retención de fondos como un "afane" a los ciudadanos bonaerenses.