Freddy Carbonel, referente de la Asociación Civil Pro Eco, manifestó su profunda preocupación tras la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. El ecologista calificó la medida como una amenaza directa a la seguridad jurídica y un "retroceso en la política ambiental de este gobierno neofascista con sus cómplices de turno". Según el activista, la flexibilización de las normas vigentes desde 2010 responde exclusivamente a los intereses de grandes corporaciones transnacionales. "Lamentablemente, es malo desde el punto de vista de la seguridad para el pueblo; hay una flexibilización que daña lo que conseguimos con mucho esfuerzo", sentenció con dureza durante la entrevista.
Ante este escenario, diversas organizaciones socioambientales del país ya coordinan una respuesta legal contundente para frenar la aplicación de las nuevas modificaciones legislativas. Carbonel confirmó que se está gestando una demanda colectiva liderada por abogados especialistas para declarar la nulidad de la reforma por violar principios básicos. "Es totalmente inconstitucional porque hay una regresividad; si la modificación fuese para mejorar y dar más protección, quizás hubiese sido aceptable", explicó el referente de Pro Eco. Para el colectivo ecologista, cualquier cambio que disminuya el umbral de protección ambiental vigente contradice los tratados internacionales y la propia Constitución Nacional, habilitando el camino hacia la judicialización masiva.
El impacto territorial en Tucumán y Catamarca es uno de los puntos más críticos señalados por el especialista, especialmente en la zona de los Nevados del Aconquija. Carbonel advirtió que en dicho cordón montañoso existen más de 144 cuerpos de hielo ya relevados científicamente que hoy pueden quedar desprotegidos ante el avance de proyectos metalíferos. "Lo que se nos viene es que quizás en algún momento caigan esas leyes y haya megaminería en los cerros; el proyecto Agua Rica ya ha dañado glaciares de escombro", denunció. La preocupación radica en que el ambiente periglaciar es la principal fuente de agua dulce para millones de habitantes de la región, quienes verían comprometido su suministro vital a futuro.
La denuncia apunta directamente contra un grupo selecto de empresas que, según el activista, han presionado para obtener una legislación a medida que facilite la explotación a gran escala. Carbonel nombró a corporaciones como Glencore y Barrick Gold, acusándolas de operar en complicidad con los gobiernos provinciales del noroeste argentino para saquear recursos naturales. "Esto ha surgido a pedido de cinco o seis corporaciones megamineras junto con la administración de los gobernadores; Glencore es una corporación declarada ecogenocida", disparó el ambientalista. El entrevistado hizo hincapié en que estas empresas ya han demostrado incapacidad para prevenir desastres ambientales en proyectos previos, dejando tras de sí una herencia de contaminación.
Finalmente, el referente de Pro Eco puso en duda la capacidad técnica de la provincia para ejercer un control real sobre las actividades mineras una vez otorgada la autonomía. Carbonel relató que en sus visitas a la Dirección de Minería local constató la falta de recursos y presupuesto para realizar estudios científicos de relevancia hídrica en alta montaña. "No hay capacidad técnica; si no pueden controlar una cantera de áridos, imagínense si van a poder hacer un estudio a tres mil metros de altura", concluyó. La nota cierra con un llamado a la sociedad para involucrarse en la defensa del patrimonio natural, advirtiendo que "las generaciones futuras van a sufrir" las consecuencias de esta claudicación estatal.
Freddy Carbonel, referente de la asociación Pro Eco, advirtió sobre el peligro que corren los cuerpos de hielo en los Nevados del Aconquija tras la flexibilización de las normas ambientales. Anunció que preparan una demanda colectiva contra lo que definen como una política entreguista a favor de las corporaciones mineras.
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